El bloque FdT pidió informes en septiembre -que aún no fueron respondidos- sobre el funcionamiento de esa empresa estatal que debía emitir tarjetas de crédito para estatales rionegrinos.

La anunciada intención del gobierno provincial de que los “agentes públicos obtengan créditos a una tasa de interés diferenciada, descuentos y promociones en comercios locales, como el acceso a nuevos servicios financieros” mediante una empresa estatal que emitiría la tarjeta Río Negro Compras, quedó en la nada y sólo provocó pérdidas económicas a la Provincia.

“Lo habían anticipado nuestros compañeros de la gestión anterior en el bloque del Frente para la Victoria cuando se opusieron a la creación de esta empresa que iba a promover el endeudamiento y no beneficiaría a los estatales de la Provincia”, recordó el legislador Pablo Barreno.

Advirtió que “en septiembre del 2021 elevamos un pedido de informes en el que solicitamos datos sobre el estado de situación de la empresa. Pedimos conocer su presupuesto ejecutado desde su constitución en el año 2018, discriminando en lo destinado a personal, mantenimiento, gastos corrientes, contrataciones y otros; los subsidios o aportes recibidos, infraestructura, bienes muebles e inmuebles, gestiones y resultados obtenidos, cantidad de tarjetas entregadas y de beneficiarios y personal contratado o adscripto con tareas en la empresa. Ahora, cuatro meses después, se confirman nuestras sospechas con la desaparición de la firma del presupuesto 2022 y las expresiones públicas de las autoridades del Ejecutivo que admiten que Río Negro Compras SA va camino a la liquidación”, expresó.

El parlamentario, quien presentó aquel pedido de informes junto al resto de su bancada agregó que “es paradójico que una empresa fantasma, sin funciones, sin haber concretado nada, y a la cual se destinaron en tres años 57 millones de pesos, ahora deba enfrentar procesos de indemnización por despidos”.

Barreno adelantó que insistirán con el pedido de informes ya que “es una empresa trucha creada para que una veintena de personas cobre sin trabajar y con alguna otra intención que estaba muy lejos de beneficiar a los trabajadores estatales”, aseguró.

El legislador apuntó a “los caprichos y negocios del entonces ministro Agustín Domingo y el ex gobernador Alberto Weretilneck, los mismos que endeudaron a la Provincia con el Plan Castello y que generaron esta empresa inviable, que solamente ocasionó gastos a los rionegrinos, y que son quienes deberían hacerse cargo de estos costos injustificados”.

Esta semana se confirmó que la iniciativa oficial para implementar las tarjetas de compras para los estatales rionegrinos se desactivó y la empresa creada para su emisión está en liquidación.

“Los beneficios que pretendían ser para 65 o 70 mil trabajadores estatales, se redujeron apenas a los 20 o 30 que cobraron en esa empresa sin haber tenido que cumplir ninguna función”, concluyó Barreno.