Los amparístas Facundo Montecino Odarda de Viedma y Martín Pamio de General Roca, realizaron una presentación judicial donde solicitan el expediente al Juzgado Federal, con el fin de que se lleve adelante la medida cautelar impuesta a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas que la insta a realizar un plan de saneamiento y remediación del río.

“En 2016 presentamos un amparo judicial ante la alarmante situación de contaminación. En este expediente, el Juzgado Federal de General Roca ordenó la concreción de un plan de saneamiento y remediación de la cuenca del río Negro, Limay y Neuquén. Para dar cumplimiento a esta decisión, el Gobierno Nacional y Provincial en conjunto con la A.I.C., deben concretar los planes directores cloacales en las ciudades sobre estos ríos”, explicaron los amparístas que llevan adelante la causa ambiental.

También acotaron: “A pesar de que las autoridades responsables por la contaminación del río son el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuentas (AIC), ellos parecen no asumir la importancia y gravedad de la situación de contaminación que padecemos a lo largo de todo el recorrido del río Negro, menospreciando los impactos, y evadiendo dar respuesta alguna”.

A ello debe sumarse que el titular del Juzgado Federal, Hugo Greca, entendió que la competencia del juicio debe ser de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declarándose incompetente, y remitiendo las actuaciones al más alto Tribunal de la República. Esta medida aún se encuentra por resolver, dado que constituye un hecho fundamental la cercanía de los actores con el sitio en que debe ordenarse la remediación ambiental.

Por ello seguimos avanzando con el amparo colectivo que presentamos, junto a numerosos vecinos, organizaciones y con el apoyo de la Senadora Nacional Magdalena Odarda, para que los verdaderos responsables de la contaminación solucionen el problema de fondo y brinden una respuesta adecuada a la salud del ambiente y de toda la población de nuestra provincia.

Lo cierto es que los años pasan y los caños cloacales de los distintos municipios continúan derramando efluentes sin tratamiento, en mayor o menor proporción, al curso de agua más importante de la Provincia.

En este contexto debe ser la Justicia quien exija de los funcionarios la acción y respuestas que necesitamos los ciudadanos.