La Senadora Nacional Magdalena Odarda (RIO), celebró la resolución del STJ, en la cual se exigen garantías para el acceso a la educación formal obligatoria correspondiente a la población del paraje Río Chico Abajo y la zona.

A raíz de la decisión del Ministerio de educación de la provincia de Río Negro, la escuela primaria 331 de Río Chico Abajo,  dejo de funcionar en el año 2017, dejando a la deriva a niños y adultos indígenas, violando sus derechos aborígenes y teniendo como respuesta la inmediata atención de Odarda al tema ,quien oportunamente denunció la situación que ya arrastraba además,  previamente, el vaciamiento del establecimiento a través del corte de los servicios al quitarse el zeppelin de gas y la quita de internet.

Con el correr de los meses y con la idea ministerial consumada, la Senadora siguió reclamando mediante el Procurador General de Justicia llegando en los últimos tiempos a realizar una denuncia penal en “virtud de las graves consecuencias que vienen trayendo aparejadas para la comunidad mapuche, y rural circundante, el cierre de la Escuela Rural Nº 331”, expresaba. Odarda apuntó las responsabilidades penales directamente en la Ministra de educación y el Delegado del Consejo escolar de la zona sur.

Con la plena conciencia de que todavía no hay una solución concreta, ni tampoco existe la determinación de la apertura de la escuela, Odarda expresó que al menos es un camino de retorno a la devolución del derecho a la educación que le compete a los habitantes de la región .

“Estaremos atentos al cumplimiento de los plazos  estipulados por el STJ, que son 15 días para conocer una propuesta concreta y definitiva al problema, así como también seguiremos de cerca la situación de la familia de una niña que asistía al establecimiento y presentó en su momento un amparo a quienes se les debe dar una solución puntual en las próximas 48 horas”, finalizó Odarda