Los legisladores José Luis Berros e Ignacio Casamiquela, del bloque Frente de Todos (FdT), presentaron un proyecto de ley para estudiar la calidad del agua del río Negro en forma periódica.

La propuesta establece la realización de análisis trimestrales del estado sanitario del cauce, en distintos puntos de su recorrido, para evaluar el ph, turbiedad, cloro y coliformes. Además, encomienda al Poder Ejecutivo a firmar convenios con universidades nacionales u otras entidades nacionales para que tomen las muestras. Los resultados luego deberán ser publicados en todas las plataformas y medios de comunicación oficial.

Entre sus fundamentos, la iniciativa destaca que es “el curso de agua dulce más importante de la Patagonia, principal gestor de los motores productivos y económicos de la provincia, dado que la atraviesa desde su naciente, en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, hasta su desembocadura, en el Océano Atlántico, recorriendo 637 km”.

Sin embargo, advierte que “Es de público conocimiento que el río se es contaminado constantemente por prácticas que se alejan a los objetivos que tenemos que replantearnos como sociedad para preservarlo.”

Sostiene que sufre las consecuencias de la actividad humana, la emisión de gases tóxicos, la contaminación por desechos, metales y pesticidas; la descarga de desechos químicos y material radiactivos, entre otros. También menciona informes periodísticos que afirman que la mayoría de las plantas cloacales de las localidades del Alto Valle “están desbordadas en su capacidad de tratamiento de líquidos”, por lo que el excedente va directamente en crudo al cauce.

El proyecto de Berros y Casamiquela también destaca como agravante la fuerte bajante que el registró en estos últimos meses, que evidenció “distintos problemas de contaminación”. Entre ellos confirma que distintas ciudades arrojan sus desechos al curso del agua.

Puntualiza en este aspecto que registra un caudal de 360 metros cúbicos por segundo, “es decir, un tercio de lo que normalmente tiene”. Y que el descenso del nivel provoca que “más fuerte se pueden sentir los olores de las practicas contaminantes que se ejercen”, agrega.

La iniciativa legislativa resalta que no han dado muestras de ser efectivos los planes directores de desagües cloacales ejecutados con fondos del Plan Castello, con una inversión de 90 millones de dólares, según precisan.

Considera que fue un “Mega endeudamiento” e insiste que “son muchísimas las localidades que siguen tirando sus desagües crudos al río o las plantas de tratamiento funcionan mal o intermitente”.

Los legisladores advierten que el escenario es complicado dado que consideran que existe “la necesidad urgente de poner manos a la obra en consecuencia al cuidado de nuestro río, de nuestra fuente de vida y empezar a replantear un nuevo rumbo”.

Subrayan que “nuestros recursos que no son eternos, se consumen y se destruyen de una manera alarmante y nociva para nuestras vidas y la vida de los que vienen”.