Los gobernadores no oficialistas acordaron exigirle a Nación una compensación financiera para hacer frente a los efectos de las recientes medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional, que afectan directamente los recursos provinciales. Consideraron esta compensación como indispensable para cumplir con el normal funcionamiento y la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia a su cargo.

Los mandatarios aseguran que se produjo una violación unilaterial del Pacto Fiscal firmado el 16 de noviembre de 2017, que modificó las estructuras financieras de las provincias.

Las Provincias quedaron abiertas al diálogo, pero si no prospera esa instancia no descartan promover un amparo judicial en la búsqueda de evitar la vulneración de sus autonomías.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, participó del encuentro de mandatarios y firmó el documento final que será elevado al Gobierno Nacional en las próximas horas, planteando el posicionamiento de las provincias.

Los Gobernadores dejaron en claro que no están en contra de ninguna medida del Gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de la sociedad, pero aseguran que las mismas fueron tomadas de manera unilateral “haciendo a las provincias compartir los costos fiscales sin las compensaciones necesarias, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento”.

“Nos parece positivo que el Gobierno Nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, pero no puede disponer inconstitucionalmente de los recursos que son de las provincias, tanto por el Presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, vulnerando nuestra previsibilidad”, acotaron.

Añadieron que “estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social en cada uno de los estados que representamos. No podemos permitir que se apropien de los recursos provinciales por parte del Estado nacional, sólo con el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los Estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad”.