El intendente de Viedma y vicegobernador electo, Pedro Pesatti (JSRN), requirió por nota al vicegobernador  Alejandro Palmieri que convoque a la Comisión Especial de Seguridad, establecida por la ley 3152,  que reúne a los poderes públicos del estado provincial, dado que se observa “una creciente ola de delitos que se asocia además a un marcado incremento en la violencia de los mismos, en particular en las ciudades más pobladas”.

De acuerdo a la norma, entre otros objetivos esta comisión deberá: “Individualizar la problemática, necesidades y conveniencia de los distintos sectores de la sociedad sobre la seguridad dentro de sus comunidades, con recepción de sus reclamos, proponiendo la adopción de medidas para adecuar los medios legales, humanos, técnicos y materiales disponibles”.

Pesatti señaló que sobre todo se deberá atender “el estado de situación que presenta el sistema de seguridad de la Provincia con el objeto de analizar sus resultados y proponer las políticas que perfeccionen su funcionamiento en caso de que así se determine en ese ámbito”.

Desde hace un tiempo se visualiza un crecimiento de los delitos en Viedma, lo que ha generado que desde distintos sectores de la propia comunidad y los partidos opositores se cuestione a la municipalidad por no ponerse a la cabeza de la demanda ante los poderes Ejecutivo y Judicial. El municipio se ha negado a convocar al Consejo de Seguridad Local, que surge de la ley 4200, señalando que no tiene esta competencia, ya que le correspondería a la provincia, y en su lugar impulsó la creación por ordenanza del Foro Comunitario de Seguridad (FoCoS), pero a 60 días de su sanción todavía no se constituyó.

Las  concejalas Roberta Scavo (JxC) y Vanessa Cacho Devincenzi (PAR Viedma), entre otros dirigentes, criticaron por esto  falta de decisión política del municipio y han venido impulsado otras medidas que el gobierno municipal no ha tenido en cuenta. El jefe de Gabinete e intendente electo, Marcos Castro, días atrás señaló que el FoCoS se constituirá “este año”, sin manifestar premura en la materia, y aunque no lo descartó a futuro, rechazó la creación de un Centro de Monitoreo Local, como lo propuso Devincenzi. Scavo impulsó además el proyecto para que las cámaras de vigilancia privadas se puedan incorporar al sistema de monitoreo que la provincia tiene en la capital.

En su nota a Pamieri, Pesatti señaló que: “El ámbito interpoderes, previsto en la ley 3152, fue pensado para que quienes tienen las máximas responsabilidades en relación a la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas puedan analizar el funcionamiento de las políticas y de sus instituciones con el objetivo de corregir y perfeccionar el desenvolvimiento de todas las partes que intervienen en esta función central e indelegable que debe cumplir el estado de la provincia de Río Negro”.

De acuerdo a la ley 3152, la Comisión Especial de Seguridad estará integrada por el Poder Legislativo, por medio de los presidentes de los bloques de Legisladores; el Poder Ejecutivo, por el Ministro de Gobierno y dos representantes con rango o jerarquía no inferior a Subsecretario: el Poder Judicial, por un miembro del Superior Tribunal de Justicia, pudiendo subrogarlo un representante designado por dicho cuerpo, con jerarquía no inferior a Juez de Cámara, y por el Ministerio Público, por el Procurador General, pudiendo ser subrogado por un representante con jerarquía no inferior a Fiscal de Cámara.

La nota de Pesatti no cayó bien en el gobierno provincial que viene rechazando las críticas de la oposición en esta materia, argumentando que no es verdad que haya una situación grave en materia de inseguridad ni que falten recursos materiales y humanos en la fuerza policial para enfrentar al delito en las distintas ciudades. En mayo último, por ejemplo, la ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, señaló ante el supuesto crecimiento de los delitos en la provincia que hay que “poner en contexto” la situación de inseguridad en Río Negro y aseguró que “en el 2022 hubo menos delitos que en el 2019” en el territorio.