A través de dos resoluciones, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) multó a la distribuidora EDERSA por un total de casi $65.000.000, lo cual deberá ser descontado en las próximas facturaciones que reciban los usuarios del servicio eléctrico.

La primera de las resoluciones es la 296/19, que corresponde al análisis de las contingencias ocurridas entre septiembre de 2018 y febrero de este año. Durante ese período se afectó a más de 66.800 usuarios que, si bien no se puede establecer un monto promedio de restitución, a nivel general se puede hablar de montos y cantidad de personas afectadas por localidad, lo cual se encuentra determinado en la tabla que se muestra a continuación:

 â€œEste numeroso grupo de usuarios se vio perjudicado por la baja calidad del servicio eléctrico que presta EDERSA, por lo que en la primera facturación posterior a la notificación de esta resolución deberán ver reflejada una disminución en el costo de su factura de electricidad”, informó el presidente del EPRE, Néstor Pérez.

El titular del ente regulador añadió que las sanciones se aplicaron por detectarse incumplimientos a los parámetros de Calidad del Servicio Técnico, referidos a la frecuencia y duración de las interrupciones de los suministros.

“Los análisis que hacemos en el EPRE son semestrales y, a partir de la documentación auditada, surge que miles de usuarios padecieron cortes superiores en cantidad y tiempo a los límites establecidos por el Contrato de Concesión”, justificó.

Algo similar sucederá con los usuarios alcanzados por la Resolución 381/19, por la cual el Directorio del organismo regulador aplicó una sanción de $30.518.587. “En este caso, no se trata de un solo expediente. Es una sumatoria de casos de menor envergadura que se agruparon durante el año y ahora salen como una multa colectiva que se reparte en partes iguales para los 225.000 usuarios que tiene EDERSA en la provincia”, explicó el funcionario.

Son 78 expedientes que en su mayoría corresponden a situaciones relacionadas con la seguridad pública, de las cuales, el 80% son casos ocurridos este año. El resto es un remanente de trámites de años anteriores.