La autora y propulsora de la reforma viene trabajando desde hace cuatro años junto al Frente Nacional de Inquilinos para que este proyecto sea ley. La iniciativa obtuvo media sanción de forma unánime en la Cámara de Senadores en el año 2016 y posteriormente dictamen en la Cámara de Diputados en 2018, sin embargo por falta de tratamiento en el recinto perdió estado parlamentario.

“Más de 8 millones de inquilinos en todo el país esperan esta ley en un contexto crítico, en el que deben adaptarse a las crecientes exigencias del mercado inmobiliario sin poder de negociación ni resguardo de sus derechos. Las familias argentinas viven en constantes mudanzas, por eso se viene planteando un plazo de contrato mínimo de tres años siguiendo la tendencia mundial y un índice de actualización anual que brinde estabilidad y certidumbre a las contrataciones”, subrayó la parlamentaria.

García Larraburu destacó la militancia de las agrupaciones de inquilinos de todo el país: “El Frente Nacional de Inquilinos reclama hace más de 7 años una solución a la evidente desigualdad en los contratos locativos, no podemos dilatar más la sanción de esta norma”.

La iniciativa busca modificar el Código Civil y Comercial de la Nación, con el objeto de mejorar las condiciones de los contratos de alquiler con destino habitacional y evitar abusos. Se pretende dar respuesta a la inflación que afecta de forma ascendente a todos los inquilinos que hay en la Argentina. La reforma propuesta transparenta el mercado y protege a los actores que participan de estos contratos.