Los legisladores de Vamos con Todos radicaron el recurso en defensa de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de Río Negro.

Los legisladores del bloque Vamos con Todos José Luis Berros, Magdalena Odarda y Fabián Pilquinao presentaron este miércoles en la sede del Juzgado Federal de Viedma un Hábeas Corpus Individual y Colectivo Preventivo contra el protocolo “antipiquetes” establecido por la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.

Aseguraron que la Resolución Nº 943/2023 representa una amenaza real e inminente a la libertad física y ambulatoria y por consiguiente una amenaza de daño real y cierto a otros derechos y garantías constitucionales.

Por ello pidieron además que “se declare inconstitucional por violar y lesionar los derechos garantizados en los artículos 1, 8, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 43, 75 incisos 12 y 22, 108, 109 y 120 de la Constitución de la Nación Argentina; Arts. 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 20.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Arts. 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre los Derechos del Niño; Arts. 3, 4 y ccdtes. de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, Art. 4 Inc. b Apartado 9 de la Ley 22.520 de Ministerios, Art. 1 de la Ley 23.592, y Arts. 23 y 24 de la ley de Seguridad Interior Nº 24.059”.

Aseguraron que “la Resolución de la Ministra Bullrich es tan burda, apresurada, improvisada y antijurídica que en aplicación del principio de economía procesal centraremos el análisis y cuestionamiento sólo respecto de algunas normas supralegales, dejando a salvo que se vulneran otras normas constitucionales y leyes reglamentarias”.

El “protocolo antipiquetes” para los legisladores “es represivo, autoriza el uso de la fuerza federal otorgándoles facultades extraordinarias, discrecionales, y sin limitaciones, ni orden judicial, para restringir libertades y derechos de las personas, y vulnera la ley de inteligencia nacional al aplicarla contra ciudadanos y ciudadanas. Además reprime el derecho de la protesta pacífica (contemplada en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos) y por ende el ejercicio de los demás derechos constitucionales, en tanto la protesta y la libre expresión son una vía de canalizar el ejercicio de otros derechos y garantías. Trata sin más a la protesta pacífica como si no fuera un derecho, emparentándola con la protesta violenta”.

Consideraron que “este protocolo está cargado de odio, discriminación y prejuicio plasmados en el texto normativo; invade la atribución exclusiva del Poder Judicial de determinar cuándo hay delito y cuándo hay flagrancia, e invade también la atribución del Poder Legislativo de reglamentar de manera razonable el derecho constitucional de petición, reunión y libertad de expresión”. Agregaron que “en nada se condice con los 40 años de democracia que estamos celebrando”.

La Resolución 943/23 en definitiva “trata a la protesta social pacífica como un delito y no como un derecho, implicando un retroceso en la regulación de la actuación de las fuerzas de seguridad y policiales y establece una criminalización, persecución y estigmatización de quienes participen en protestas y sus organizaciones”.

Por todo ello, solicitaron que “se haga lugar con carácter urgente a la acción peticionada, se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 943/2023 y se ordene la prohibición a las fuerzas federales policiales y de seguridad a actuar en su cumplimiento”.