La industria pesquera nacional denunció que las modificaciones a la Ley de Pesca previstas en la ley ómnibus de Javier Milei representan “una entrega” de los recursos del Mar Argentino a flotas extranjeras, que barrerá con los empleos del sector.

El reclamo unido de cámaras empresariales, gremios, astilleros, fresqueros y congeladores golpeó fuerte en los bloques de legisladores nacionales y en las provincias patagónicas y municipios costeros que administran.

“Si Milei insiste en no aceptar cambios en la ley ómnibus, ningún disputado de provincias pesqueras la va a votar”, confesó uno de los diputados más importantes del bloque macrista.

El malestar ya estaba instalado con la decisión del gobierno libertario por la aplicación del 15% de retenciones a las exportaciones del sector. Ahora, con estas reformas, hablan de “un terremoto irreversible” para la industria pesquera.

La preocupación central tiene que ver con los permisos de pesca y las cuotas de captura que la ley de Milei busca modificar. La norma vigente prioriza el otorgamiento de los permisos a los buques construidos en el país y de menor antigüedad y a los que doten valor agregado. Pero, fundamentalmente, privilegia a quienes empleen mano de obra argentina en mayor porcentaje.

Los cambios del gobierno libertario barren con esas normas de protección del trabajo argentino, al disponer que las habilitaciones “no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen”.

Por otro lado, la Ley de Pesca actual establece los mismos parámetros para asignar las cuotas para cada permiso de pesca.

Cuotas de captura.

 La reforma que impulsa Milei propone que las cuotas de captura serán asignadas “a través de un sistema de licitaciones internacionales, adjudicándolas a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada”, algo que abriría el juego a empresas extranjeras.

 Para la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa), estas modificaciones son “graves e importantes”. Los empresarios del sector se quejaron además de la ausencia de diálogo con un gobierno que aún no tiene designado al subsecretario de Pesca.

También, alertaron que la reforma permite que pesqueros operen sobre Mar Argentino con plena tripulación extranjera.

En diálogo con el diario La Capital, el presidente de Caipa, Fernando Rivera, manifestó que hay una “profunda preocupación” del sector.

Según Rivera, la iniciativa del Gobierno Nacional “cambia parámetros fundamentales” de la Ley Federal de Pesca. “El artículo 27 plantea que para las cuotas de captura se debían valorar las inversiones de las empresas, el personal ocupado, las exportaciones y el historial de captura. Ahora todo eso se deja de lado: cualquier empresa que gane la licitación puede quedarse con la cuota”, explicó.

El empresario consideró que la gestión encabezada por Milei no tuvo en cuenta “las consecuencias” de esta serie de medidas. “¿Qué puede pasar con empresas con 500 o 600 personas ocupadas si en una licitación internacional se quedan sin la cuota de pesca? Son cambios muy profundos que podrían afectar las fuentes de trabajo”, advirtió.