Ante los 42 años de la recuperación de las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982 corresponde recordar los ejes de nuestra demanda de soberanía y de rechazo al argumento de autodeterminación que levantan los ingleses y los propios isleños. Oponernos además al gobierno nacional de Javier Milei que ha retornado a una política de defección de defensa de los derechos irrenunciables argentinos en el Atlántico Sur, repitiendo lo que pasó con el macrismo, que hasta avaló la depredación de nuestros recursos naturales con el pacto Foradori-Duncan, al igual que en los ’90 con las “relaciones carnales” del menemismo. Hay que recordar que ya en campaña electoral, Milei señaló la necesidad de buscar una solución que considere la posición de los habitantes del archipiélago. Y reconoció que considera a Margaret Thatcher la principal figura internacional a la que admira, obviando que fue una enemiga de la Argentina, responsable de la muerte de 634 soldados en la Guerra del Malvinas, de los cuales 323 se produjeron por el hundimiento del Crucero General Belgrano, un hecho que convirtió a la exprimer ministra británica en criminal de guerra. Desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza, más allá de alguna frase de ocasión, se han visto gestos claros de tratar de captar inversiones británicas minimizando la depredación de nuestros recursos en el área del Atlántico Sur usurpado y sin confrontar con el claro objetivo de construir en las islas una mega terminal portuaria que atraerá cruceros, pesqueros, barcos de investigación científica y, eventualmente, petroleros, pretendiendo que sea la puerta de entrada a la Antártida. Esto no sólo fortalecerá el enclave imperialista, poniendo en jaque los intereses argentinos en el continente blanco, sino que afectará los intereses económicos de Ushuaia, por donde pasa hoy el 90% del turismo a la Antártida. De allí que el gobierno de Tierra del Fuego primero y luego el conjunto de gobernadores patagónicos han denunciado la política pasiva del gobierno de Javier Milei frente al avance del Reino Unido sobre las Islas Malvinas y la Antártida.

Hoy como siempre hay que recordar lo fundamental: las islas fueron usurpadas. Aceptar la autodeterminación no es sólo comprar el argumento principal que esgrimen los británicos para mantener las Islas Malvinas bajo su dominio, sino, aunque parezca obvio, ‘olvidar’ que hubo un robo colonial. Este ‘olvido’ es simple y llanamente un recorte de la verdad histórica.

Hasta 1930 los británicos argumentaban que las islas eran de ellos y por eso las tomaron. Rechazaban que la Argentina haya heredado los derechos españoles sobre las islas de acuerdo al principio “uti possidetis juris”. Y negaban también que aquel 2 de enero de 1833 cuando se presentó en el puerto Soledad un navío de guerra de bandera inglesa, la “Clio”, al mando de John James Onslow, no sólo se produjo el desembarco e izamiento en un mástil de la bandera británica, sino que se arrió la nuestra y se expulsó a argentinos.

Ante la debilidad de estos argumentos, los británicos a partir de 1930 ponen énfasis en un nuevo concepto: la autodeterminación de los isleños que, hay que insistir en esto, fueron implantados por Gran Bretaña luego de expulsar a la población argentina. El razonamiento era que no importaba quién fuese el dueño en 1833, los años transcurridos allí le concedían legitimidad a la ocupación inglesa. El “son nuestras, por eso las tomamos” se había transformado en “las tomamos, por eso son nuestras”, como observaron los autores británicos Arthur Gavshon y Desmond Rice.

La Resolución 2065 de la ONU, de 1965, durante el gobierno de Arturo Illia, fue en ese sentido un triunfo para la Argentina, al pedir que se descolonicen las islas respetando los intereses de los habitantes, no los deseos. Porque hablar de intereses significa respetar las condiciones de vida, la cultura, etc., los deseos en cambio no significarían nada, porque los pobladores malvinenses desean seguir siendo británicos. Lo cierto es que la autodeterminación no es aplicable en el caso de los kelpers porque ellos no son un grupo nacional sojuzgado sino súbditos implantados por la potencia colonial.

Además, los ingleses en otros casos no respetaron nunca la autodeterminación: no lo hicieron con Hong Kong, ni con la isla Banaba –donde desalojaron a 3.000 ‘súbditos’-, ni con la isla Diego García, que arrendaron a los Estados Unidos.

Por eso no es menor y se peca por lo menos de cipayismo que haya argentinos que defiendan esto de la autodeterminación de los kelpers, porque la defensa de la autodeterminación equivale a decir que renunciamos a las Islas.

Y en esto de las cuestiones principales sobre Malvinas debemos referirnos a “la pelea por los recursos”, verdadera razón por la cual, con el argumento de la autodeterminación, los británicos se niegan a sentarse en una mesa a discutir el reclamo argentino.

Como dijo en su momento la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner la causa Malvinas “es una causa global” porque ahora los ingleses se llevan los recursos pesqueros y petroleros del mar que rodea nuestras islas, pero “cuando quieran más los van a ir a buscar como sea y dónde sea”. Gran Bretaña y los Estados Unidos -que fue su decisivo socio en la guerra de 1982- saben que no pueden perder un enclave como Malvinas en un sector planetario donde muchos dicen que no en muchos años más se jugará una de las principales batallas de la “pelea por los recursos”, es decir, las fuentes de energía y de materias primas que hay en Latinoamérica, especialmente en la Patagonia y en la Amazonia.

Estas fuentes energéticas y de materias primas cada vez más serán apetecibles para los grandes países desarrollados, de la misma manera que por el petróleo desde el 2003 a la fecha  han tenido la mirada centrada en países de Medio Oriente, el Asia Central y norte de África (donde por quedarse con el petróleo han destruido un país, Libia). Y especialmente en la última década vienen apuntando a Venezuela, en nuestra América Latina.

Para las grandes potencias la cuestión de fondo pasa por el dominio sobre recursos que serán cada vez más escasos e imprescindibles. Por algo, a pesar de crisis financieras significativas y pandemias, las grandes potencias nunca recortan sus gastos militares. Ya lo dijo en su momento quien fue ministro de Defensa de Bush padre, Dick Cheney: “…nuestro poder militar seguirá siendo un puntal esencial del equilibrio global… con el fin de reforzar nuestras unidades desplegadas en primera línea o proyectar el poder en áreas donde no tenemos presencia permanente… a causa de la dependencia del mundo libre de los suministros energéticos”.

Tiempo atrás se conoció a través de la prensa un informe de agencias de inteligencia estadounidenses señalando que el agua podría ser causa de guerra en el futuro próximo y puntualmente hablaba que después del 2022 se tornará más probable el uso del agua como arma de guerra o herramienta de terrorismo.

Sin lugar a dudas, el intervencionismo norteamericano y de las grandes potencias seguirá aumentando –con la excusa del terrorismo o con nuevas excusas- de manera de garantizar “los suministros energéticos” y materias primas claves.

El pueblo argentino, comprometido con Malvinas como causa nacional, debe obligar a la administración central no sólo a que vuelva a insistir con todos los caminos diplomáticos posibles para obligar a los británicos a sentarse en la mesa de negociaciones –retomando el camino que dio impulso el kirchnerismo de transformar Malvinas no ya en causa nacional sino latinoamericana y de los países que son conscientes de “la pelea por los recursos” que plantea este siglo XXI-, sino también que se sigan poniendo todas las trabas posibles a las empresas, pesqueras y petroleras fundamentalmente, que acuerden contratos en nuestras Islas Malvinas bajo la legislación británica .