Viernes, 24 de octubre
NACIONALES

García Larraburu expresó preocupación y rechazo a la desregulación de las comunicaciones que hizo el Gobierno

La senadora de UP cuestionó el Decreto 302/24 del Ejecutivo que eliminó el carácter público de los servicios de tecnología y planteó: “Sin presencia del Estado se hiere profundamente al federalismo”.

La senadora de UP cuestionó el Decreto 302/24 del Ejecutivo que eliminó el carácter público de los servicios de tecnología y planteó: “Sin presencia del Estado se hiere profundamente al federalismo”.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (Unión por la Patria – Rio Negro) presentó un proyecto de declaración manifestando preocupación y rechazo por la eliminación del carácter público de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la telefonía móvil, el acceso a las redes de telecomunicaciones; y la regulación de los precios de estos servicios.

“Estos instrumentos tecnológicos comunican lugares y personas y son derechos humanos fundamentales. Sin estas herramientas, el interior profundo del país quedará incomunicado. Las escuelas rurales de diferentes puntos del territorio nacional permanecerán absolutamente aisladas, puesto que las empresas multinacionales no invierten en lugares donde el negocio económico no esté garantizado”, subrayó.

La rionegrina remarcó: “El acceso a las TIC y a las comunicaciones requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para asegurar el acceso equitativo, justo y a precios razonables; lo cual la Ley 27.078 Argentina Digital buscaba garantizar hasta la modificación efectuada por el ejecutivo el 10 de abril, mediante el decreto 302/24”.

“Sin regulación por parte del Estado se hiere profundamente al federalismo, y la conectividad se convierte en un privilegio del que gozarán unos pocos”, finalizó.

García Larraburu indicó que el DNU emitido por el Gobierno implica que “la comunicación deja de ser considerada un servicio esencial y pone en riesgo el ejercicio de este derecho humando para las grandes mayorías; desregula las tarifas incrementando las brechas digitales y pone en peligro la política de conectividad en comunidades rurales”.

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