El Gobierno modificó la Ley de Tarjetas de Crédito bajo la premisa de desregular y simplificar el mercado financiero. La adecuación de la norma se oficializó a través del Decreto 361/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial, con el objetivo de que los resúmenes que emiten los bancos se adapten a la era de la digitalización.

“Con el fin de corregir la crisis terminal que enfrenta la economía argentina y conjurar el grave riesgo de un deterioro aún mayor y mucho más grave de la situación social y económica, se debe reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial”, dice la resolución a modo de justificación del cambio impuesto.

Puntualmente, se modificó el artículo 22 de la Ley N° 25.065. El mismo establece que la entidad bancaria deberá confeccionar y enviar mensualmente un resumen detallado, preferentemente en forma electrónica, de las operaciones realizadas por el titular de la tarjeta o sus autorizados. Pero ahora se sumó que para ello, no deberá mediar oposición del usuario cuando su remisión fuera realizada en forma electrónica. Es decir, no podrán exigir la recepción del resumen en papel y deberán adaptarse al formato digital.

También se reformó el artículo 25, que regulaba los tiempos de recepción. Ahora, la norma establece que el resumen deberá ser recibido por el titular con una anticipación mínima de cinco días previos al vencimiento, independientemente de lo pactado en el contrato de la tarjeta de crédito.

Otra modificación tiene que ver con los canales de comunicación, anteriormente los bancos debían disponer de una línea telefónica para brindar información a los usuarios sobre el saldo y el vencimiento de sus resúmenes, ahora dicho canal de comunicación podrá ser telefónico, electrónico o similar, siempre que cumpla con su cometido.

“La citada norma dispuso la implementación de un plan de desregulación de amplísimo alcance, eliminando los obstáculos que han introducido diversas leyes en el libre funcionamiento de los mercados mediante una indebida injerencia del Estado”, concluyó la resolución.

Fuente: La Tecla