El oficialismo no aceptó pedidos de la oposición para excluir una serie de organismos de eventual disolución ni tampoco cambios sustanciales en la redacción. La reforma laboral llevó buena parte de la discusión.

Con fuertes reclamos de la oposición a Martín Menem por no abrir la posibilidad de votar algunos artículos puntuales de manera nominal, la Cámara de Diputados llevó a cabo la votación en particular -por capítulos- del proyecto de ley de Bases. El oficialismo no aceptó ninguna modificación sustancial, más allá de algunos cambios en la redacción, que informó Santiago Santuario, presidente de la Comisión de Legislación General. El debate consumió casi cinco horas, pues se inició a las 9.26 y concluyó exactamente a las 14.01.

Menem se mantuvo firme en la postura de que la votación sería por capítulos, como se había definido en Labor Parlamentaria, y que se votó en el recinto cuando arrancó la sesión, más allá de los reclamos constantes de los diputados Germán Martínez y Maximiliano Ferraro. De esta manera, algunos legisladores manifestaron a viva voz su rechazo o abstención a artículos controvertidos.

En primer lugar, el oficialismo consiguió con 134 votos afirmativos, 117 negativos y 1 abstención la aprobación del artículo 1ro. que declara las emergencias en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Al respecto hablaron en contra los diputados Juan Marino (UP), Christian Castillo (FIT) y Fernando Carbajal (UCR), pero el libertario Santurio -miembro informante- no aceptó modificaciones.

Luego fue el turno del capítulo I, compuesto por los artículos 2, 3, 4, 5 y 6, que fue avalado con 135 votos afirmativos, 112 negativos y 2 abstenciones. Es el referido a la reforma del Estado, reorganización administrativa, con las bases de delegación y facultades al Ejecutivo sobre los organismos públicos y sobre los fondos fiduciarios.

El cordobés Juan Brügge, de Hacemos Coalición Federal, pidió agregar a las excepciones de los organismos que se podrán disolver al Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, el Senasa, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Instituto Nacional de la Música y el INTI.

En la misma línea lo hizo la radical Carla Carrizo, que sumó al Banco Nacional de Datos Genéticos, mientras que el cívico Maximiliano Ferraro solicitó “sacar lo que es disolución total o parcial” y que se excluyan a todos los organismos vinculados a ciencia y tecnología, cultura, salud y educación. Sin embargo, el oficialismo no aceptó las modificaciones.

La jefa del FIT,  Myriam Bregman, advirtió que el artículo 3 (sobre disolución de los organismos) “es uno de los más peligrosos”. “Es sumamente dañino y peligroso”, coincidió el presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Dentro de los excluidos quedaron el CONICET, la ANMAT, el INCAA, la CONAE, el ENACOM, y el INTA, entre otros.

Más tarde, con 138 votos a favor, 111 en contra y 2 abstenciones se aprobó el capítulo II, que dispone las privatizaciones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U., AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

Al pasar al capítulo III, sobre procedimiento administrativo, se obtuvieron 148 votos afirmativos, 104 negativos y 0 abstenciones.

Sobre el capítulo IV, de reforma de la Ley de Empleo Público, la diputada de la izquierda Romina Del Plá sostuvo que “este es uno de los capítulos más graves” porque “violenta claramente el derecho de huelga” y lanzó: “Todos los que voten este capítulo sepan que son responsables de los despidos en masa de los empleados públicos de este país”.

Mientras que la diputada de Hacemos Coalición Federal Margarita Stolbizer alertó por “los planteos de inconstitucionalidad” que esta modificación traerá, porque “se pretende dar al empleado público el régimen que tiene el empleado del sector privado”. “Este capítulo va a ser sometido a la interpretación de los jueces”, aseguró, y se pasó a la votación, donde el capítulo resultó avalado con 138 votos a favor, 113 en contra y 1 abstención.

El capítulo referido a la promoción del empleo registrado cosechó 147 votos afirmativos, 103 negativos y 0 abstenciones. Del Plá cuestionó que “es notable todo lo que se les permite regularizar a las patronales por haber incumplido las normas laborales. Hay beneficios de todo tipo y color”.

Reforma laboral

Uno de los momentos que más tiempo insumió durante la votación en particular fueron los artículos referidos a la reforma laboral, donde el oficialismo no aceptó agregados propuestos por el radical Martín Tetaz.

La primera parte del capítulo se aprobó por 138 votos afirmativos, 112 negativos y 3 abstenciones. Al respecto, el diputado de Unión por la Patria Sergio Palazzo aseguró que “la reforma es absolutamente regresiva, vulnera el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional respecto a la progresividad de derecho; viola el artículo 14 bis de la Constitución y pactos internacionales que tienen jerarquía constitucional”.

Además, enumeró que “abarca derechos individuales que se pierden, porque se extiende el período de prueba a un año inclusive; avala los despidos discriminatorios; derogan el Estatuto del Viajante; reducen a 10 días la licencia pre-parto; y permiten tener hasta cinco trabajadores sin registrar”.

“No hay un solo artículo en toda la ley que favorezca a los trabajadores”, cuestionó el secretario general del gremio de bancarios y disparó: “Seguramente los 100 empresarios de Llao Llao deben estar festejando y los trabajadores entristecidos por ver cómo avasallan sus derechos”.

En tanto, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño observó que “cuando se habla de modernización se está haciendo todo lo contrario”. “Es un contrarreforma que le quita derechos a los trabajadores. Es un retroceso, porque trae mayor precarización”, enfatizó y consideró que la propuesta de la UCR -que no fue tomada en su totalidad- era “directamente para esclavizar a los trabajadores”.

El artículo 92, del Fondo de Cese Laboral, se aprobó por 136 votos a favor, 113 negativos y 4 abstenciones. “Le estamos diciendo afuera a las indemnizaciones”, advirtió Palazzo, quien anticipó que “este artículo va a ser tachado de inconstitucional en cualquier tribunal, porque está dejando en manos de un privado lo que está dispuesto por ley”.

A responderle salió el jefe de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, quien dijo que “las leyes laborales no están escritas en la piel, y este mecanismo es un hecho importante para el mundo PyME y el mundo de los servicios. No nos rasguemos las vestiduras. Si los sindicatos no están de acuerdo no va haber fondo de cese”.

Por su parte, Bregman ironizó que “lindo regalito” en la previa del Día del Trabajador y denunció que con esta norma “están volviendo a la dictadura; esto lo propuso (Rafael) Videla” y es para “facilitar el despido de decenas y decenas de trabajadores”, además de “una fuente de corrupción enorme”. “Es canallada como pocas veces se vio. Ustedes quieren traer las mismas leyes de la dictadura”, agregó.

Luego se votó también el artículo 93, avalado por 136 votos a favor, 113 en contra y 2 abstenciones, que introduce la figura de “colaboradores”. Al respecto, la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley señaló que “esto es copiado de una tendencia brasilera implantada allá por 2017” y “tiene profundas inconsistencias técnicas, además de las políticas”. “Es una declaración forzosa de trabajador independiente denominando así al jefe y trabajadores independientes a los dependientes. Este artículo sí que va a generar litigiosidad”, manifestó. 

Durante la discusión de derogación de distintos artículos de leyes laborales, la cívica Mónica Frade aseveró que “si el sentido de todos estos capítulos de la reforma laboral es eliminar la litigiosidad, quiero anticiparle a todos que los abogados laboralistas vamos a trabajar muchísimo más por los horrores que están votando”.

Energía, RIGI y eliminación de la moratoria previsional

Al pasar al capítulo de energía, referido a las reformas de la Ley de Hidrocarburos (144 votos a favor, 106 en contra y 0 abstenciones) y Ley de Gas Natural (146 a favor, 107 en contra y 0 abstenciones), la diputada de Unión por la Patria Micaela Morán advirtió por “la pérdida de soberanía energética” al opinar que con estos cambios “dejaríamos de ser un país petrolero y gasífero” y “vamos a destruir a las PyMEs que no van a poder competir con las multinacionales”.

“Es la entrega nacional a las petroleras. Le acaban de dar 72 millones de pesos mensuales a los directores de YPF, ¡72 mil dólares por mes y hablan de la casta, manga de caraduras! Están votando una cosa que es escandalosa para un país productor”, se quejó el diputado de la izquierda Christian Castillo.

A favor del texto, el diputado del Movimiento Popular Neuquino Osvaldo Llancafilo destacó que “si ha tenido algo la producción de hidrocarburos durante estos años” es “ una máxima de producción de petróleo y de gas como no se ha visto nunca”. Para el legislador, esta reforma “mejora considerablemente las condiciones para maximizar la renta petrolera” y aseguró que sí se garantizan “los hidrocarburos para el consumo interno”.

La creación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que incluye una serie de beneficios fiscales y aduaneros para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos por encima de los 200 millones de dólares, fue aprobado (el capítulo I de ese título, con 12 capítulos en total) con 134 votos a favor, 109 en contra y 6 abstenciones.

En alusión a esto, la diputada Stolbizer sostuvo que “no es justo este tipo de concesiones que perjudican a otras empresas”. Habló además de que “se violenta el federalismo” y “hay un artículo que incluso le dice a la Justicia lo que tiene que hacer”. “Son esos artículos que claramente no son hechos por un funcionario del Estado”, denunció.

El diputado de Unión por la Patria Itaí Hagman dijo que el RIGI logrará “convertir a la Argentina prácticamente en una economía enclave, que no es lo que han hecho los países que se han desarrollado en base a sus recursos naturales”.

“Es un régimen de entrega fenomenal para los grandes capitales”, exclamó Del Plá; mientras que la cívica Paula Oliveto se mostró “a favor de la inversión”, pero aclaró: “Para nosotros como está redactado puede generar las condiciones para un patrimonialismo de amigos”. Al tiempo de indicar que se avanza con competencias del Congreso y las provincias. “Es poco apto, poco sano en términos republicanos hacer este proyecto al mismo tiempo de un blanqueo; permitiría de esa manera que capitales que podrían ser del narcotráfico o crimen organizado puedan operar en el país”, añadió.

El Gobierno incluyó en esta nueva versión la derogación de la Ley 27.705, de Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionada en febrero de 2023, más conocida como la moratoria previsional para que quienes no cuentan con los aportes necesarios puedan acceder a una jubilación. Así, la moratoria se elimina, pero a propuesta de la oposición dialoguista se agrega la creación de una “Prestación de Retiro Proporcional” para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y no cumplan con los requisitos necesarios.

Por UP, expuso en contra de esta modificación Gisela Marziotta, quien apeló “a los diputados y a las diputadas, sobre todo, a aquellas que se autoperciben feministas, a votar en contra. Porque además es inconstitucional”, afirmó, como así también calificó este capítulo como “misógino, porque las más perjudicadas somos las mujeres”. “Nueve de cada diez mujeres, votando este artículo, no se van a poder jubilar”, aseguró Marziotta.

La radical Carla Carrizo criticó que no habían tomado modificaciones sugeridas, por lo que anticipó que votarían en contra los dos artículos. A su vez, Myriam Bregman calificó este título como “totalmente ilegal”, por no haber pasado el texto por la Comisión de Previsión Social. A su juicio esa norma significaba “un ataque contra las mujeres”.

Desde el oficialismo, el diputado Santurio rechazó las modificaciones planteadas. “Muchas de las propuestas que se están haciendo es no cambiar nada”, argumentó, justificándose en cuestiones presupuestarias.

La votación en particular concluyó con 125 votos afirmativos, 113 negativos y 3 abstenciones.

Durante el debate en particular, la oposición dialoguista logró incorporar un articulado correspondiente al tema del Tabaco. La moción, anunciada por la diputada radical Natalia Sarapura y apoyada por el cívico Juan Manuel López, tuvo 82 votos a favor, 77 en contra y hubo 69 abstenciones.