El ahogo financiero y los planes privatizadores en el área de la energía atómica, ponen en riesgo el desarrollo de proyectos tecnológicos emblemáticos del país.

El artículo 9° del remozado proyecto de Ley Bases dice en sus primeras líneas: «Declárase “sujeta a privatización”, en los términos y con los efectos de los Capítulos II y III de la Ley N° 23.696, a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Na-Sa)». Si el Senado da luz verde a la iniciativa ya aprobada en Diputados (y si no se revierte el fuerte recorte presupuestario aplicado en lo que va del año) el desarrollo tecnológico en un área clave sufrirá un severo retraso. Sería el resultado del plan «desmantelamiento», como lo definen trabajadores y técnicos del sector. Por lo pronto, ya se puso al borde de la parálisis la construcción de dos proyectos emblemáticos del sector, los reactores de diseño íntegramente nacional CAREM y RA10, a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Na-Sa, una de las empresas públicas que se pretende traspasar al sector privado, está a cargo de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país, Atucha I, Atucha II y Embalse. En ese rol comercializa en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) la energía producida, que satisface algo más del 6% de la demanda nacional. A la vez, la compañía gerencia proyectos orientados a las futuras centrales nucleares en territorio nacional. Precisamente, Nucleoeléctrica venía trabajando hasta fines de 2023 en la optimización de las condiciones técnicas y comerciales del contrato con la República Popular China para la construcción de una nueva central, a ser emplazada en la localidad bonaerense de Lima.

Las tratativas en ese sentido, ahora congeladas, contemplaban tres pilares:  un contrato llave en mano para el suministro y construcción de una central Nuclear tipo PWR modelo Hualong One de aproximadamente 1.200 Mw de potencia; otro contrato de transferencia de tecnología para que el combustible pueda ser fabricado en el país (una vez concluido el período de garantía inicial donde se usaría el provisto por el proveedor) y para que la planta pueda ser operada y mantenida por el personal especializado que existe en el país; y un acuerdo de financiamiento con un crédito chino de tipo concesional, de monto no definido, aunque se calcula que el total del proyecto, a desarrollar en ocho años, demandará 7.900 millones de dólares. En tanto, el aporte local para un período de diez años rondará los 430 millones de dólares.

Na-Sa estimaba que en el pico de obra trabajarían entre 4.500 y 5.000 profesionales, técnicos y obreros argentinos. Y en cuanto al contenido que podrían suministrar empresas locales, para que el financiamiento fuera concesional debería ser del orden del 40%.

La inclusión de la futura central de Atucha III en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (Bapin) se hizo a mediados del decenio pasado, a partir de premisas vinculadas con la demanda energética pronosticada. Esta variable, a su vez, plasmaba las expectativas de crecimiento de la economía en términos generales, y en particular de los consumos tanto fabriles como de los hogares. En períodos recientes, una recesión más profunda que lo esperado, el impacto de la pandemia de coronavirus y la nueva tendencia a la primarización productiva, obligaron a revisar los cálculos.

Traspaso

Según el proyecto de Ley Bases, la eventual privatización de Nucleoeléctrica, que pertenece hoy en un 70% al Ministerio de Economía, 20% a la CNEA y 1% a Energía Argentina (Enarsa), se concretaría a través de dos posibles alternativas. Por un lado, mediante la organización de un programa de propiedad participada y la colocación de una clase de acciones para ese fin. Por otra parte, se podría incorporar la participación del capital privado, mientras el Estado nacional mantiene el control o la participación mayoritaria en el capital social.

La inquietud que genera la política libertaria para el sector radica en que Na-Sa, al igual que otras empresas públicas, juega un importante rol en cuanto al fortalecimiento de capacidades propias en materias tecnológicas y de innovación. En ese sentido, el extitular de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano, rechaza los enfoques limitados al gasto que implican para el Tesoro y su incidencia en los desequilibrios fiscales. «Una mirada más integral, evaluó, debe incluir el aporte que le brindan al Estado para regular y construir soberanía en sectores cada vez más complejos y estratégicos».

En rigor, destaca Peirano, «son las empresas públicas, acá y en otros lugares del mundo, las que, por ejemplo, aprovechan los avances de la tecnología nuclear para generar nuevos tratamientos, es decir, cubren algunos segmentos desatendidos por los grandes laboratorios a fin de fortalecer a los sistemas de salud».

A su vez, la expresidenta de la CNEA -renunció al cargo la semana pasada-, Adriana Serquis, traza un panorama sombrío sobre la situación actual y avisa que, de no revertirse, llevará al desmantelamiento de una tecnología clave para el desarrollo nacional.

Durante el primer trimestre el organismo solo recibió recursos equivalentes al 11% de los ya menguados fondos prometidos para el período. Frente a ese panorama, los gerentes de área del organismo alertaron en un comunicado sobre la situación crítica que atraviesa la institución y llamaron la atención sobre los problemas que afectarán la operatividad de los centros atómicos.

Para los funcionarios, las partidas actuales alcanzan en algunas áreas para cubrir los gastos hasta mayo o junio. De hecho, las mínimas transferencias de fondos recibidos imposibilitaron la realización de pagos a proveedores con los que se lleva acumulada una deuda millonaria y en breve dejarán de prestar sus servicios. La situación es tan grave, alertan, que está al borde de llevar a la detención de varios de los proyectos insignia de la CNEA. En el caso de la Central

Argentina de Elementos Modulares (CAREM), el Gobierno despidió a 69 trabajadores primero, luego se sumaron otros 100 y a pesar de la reacción de la UOCRA seccional Zárate no se logró evitar que se frente la obra. El resultado: 570 trabajadores de la construcción quedaron en la calle en la localidad bonaerense de Lima.

El escenario también pone en jaque la terminación del reactor multipropósito RA-10, una instalación de clase mundial única en América Latina. «Si se impone la idea de cancelar estos proyectos, el país va a pagar un costo enorme. No solo por los juicios y por lo que signifique monetariamente perder toda la inversión que ya se realizó, sino fundamentalmente por la pérdida del conocimiento, por la pérdida de profesionales formados a lo largo de muchos años que van a emigrar», concluyó la extitular de la CNEA.