Sólo la mitad de los sueldos que pagó la Legislatura de Río Negro en los últimos meses fueron para trabajadores de planta permanente. Los “auxiliares” se llevaron el 40% de los depósitos realizados por ese poder, englobados en un staff que tiene el sutil nombre de “planta temporaria” pero que en realidad refugia desde hace años a más de un dirigente político que en perdió poder o directamente elecciones a nivel municipal y provincial.

Los registros de personal legislativo durante la gestión 2019-2023 muestran casos emblemáticos. El más notorio es protagonizado por el exministro nacional, exlegislador y todavía influyente Daniel Sartor, quien cumplió en diciembre pasado 20 años en la Legislatura, los 12 últimos como empleado “temporario” de la Secretaría Administrativa.

Pero lo extremo de ese caso no quita argumentos para hablar de una práctica extendida durante los últimos años en la política provincial, que una y otra vez abrió las puertas –y principalmente su presupuesto- para contener a miembros del elenco estable de los partidos.

Los datos sobre la estructura de personal del parlamento rionegrino fueron publicados días atrás en el marco de una investigación federal de Ruido, una red nacional de periodistas de investigación, expertos en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles, que regularmente produce informes para romper el silencio sobre la corrupción y los abusos de poder, con el objetivo de mejorar la calidad de la democracia argentina.

En conjunto con Poder Ciudadano, el último trabajo publicado fue “Legislaturas secretas”, donde se reveló que en casi el 90% de las provincias se ocultan datos sobre personal o uso de fondos dentro de los poderes legislativos.

En el caso particular de Río Negro, se detectó que durante el período 2019/2023, cuando la provincia estuvo gobernada por Arabela Carreras y Alejandro Palmieri, llegó a haber casi 18 empleados por legislador, con una estructura que rondó siempre los 800 sueldos mensuales.

Dentro de ese mundo, el poderío de Juntos Somos Río Negro puede medirse en números, ya que ese bloque oficialista que tenía 28 de los 46 legisladores llegó a diciembre del 2023 con 240 empleados, entre planta y temporarios. La cifra representa el 66% de los 360 agentes que estaban asignados a las seis bancadas reconocidas, con un 60% de los escaños en manos del partido de gobierno.

Pero además de cuántos, los registros oficiales permiten ver quiénes cobraron de la Legislatura, al menos hasta fines del año pasado.

Es ahí donde aparecen más dirigentes de la otrora poderosa UCR rionegrina, que gobernó la provincia durante 28 años.

Juan Accatino, Alfredo Pega y Alejandro Betelú, exlegisladores, y respectivos exministros de Producción, de Desarrollo Social y de Salud y Desarrollo social de la provincia, son también miembros de la Secretaría Administrativa, igual que Sartor. Accatino fue designado en 2019, pero Pega y Betelú figuran con ingresos en el 2011, es decir que luego de su período como legisladores continuaron como agentes del parlamento.

Claro que no son los únicos exlegisladores radicales que terminaron el mandato, pero no volvieron 100% al llano. Dentro de ese universo aparecen Marcelo Cascón, Aníbal Hernández y Fernando Grandoso, quienes ocupan un espacio en la seguramente enorme Secretaría Administrativa. Allí también figuran Daniel Cortés (exmiembro de la Alianza liderada por la UCR y hermano del actual intendente de Bariloche, Walter Cortés), Claudio Lueiro (extitular del PPR), Patricia Ranea y Adrián Torres.

Por el lado del actual oficialismo, los exmiembros de la bancada Beatriz Contreras, Tania Lastra (actual titular de Función Pública), Sandra Recalt y Oscar Díaz surgen entre esos 240 colaboradores de JSRN.

En la orilla peronista, el exlegislador José Luis Zgaib tuvo al menos hasta el 2023 un lugar asignado dentro del bloque Unidad Ciudadana. En tanto, el barilochense Marcos Catalán aparece también en la Secretaría Administrativa, designado en mayo del 2016.

Antes intendentes, luego asesores

Entre quienes tuvieron municipios a cargo y luego pasaron a ser “auxiliares legislativos” en el período 2019/2023 están la exintendenta de Allen, Sabina Costa, designada en la Secretaría Administrativa desde el mismo 10 de diciembre del 2019 en el que aquella dejó el municipio.

Los peronistas Javier Iud, hoy titular de ARSA y Gilberto Montanaro, exjefes comunales de San Antonio Oeste y de Cervantes, surgen con designaciones a diciembre pasado en Sede Central y en Unidad Ciudadana.

La generosa Secretaría Administrativa de la Legislatura también contuvo a la exministra de Educación de la provincia, Mercedes Jara Tracchia, desde el 6 de junio del 2022, es decir, apenas dos semanas después de que la entonces gobernadora Carreras la sacara de su equipo.

La lista de sueldos legislativos tiene también apellidos que se repiten varias veces.

Por ejemplo, Azul Berros, hermana del legislador peronista José Luis Berros también ocupó un lugar entre los asesores de la Legislatura.

Lo mismo ocurre con Lilia del Carmen Vera Lastra, hija de la actual funcionaria del Ejecutivo, aunque en este caso revista como personal de planta permanente, asignada al bloque de Juntos Somos Río Negro.

Fuente: Diario Negro.