El gobierno nacional de Javier Milei delineó el proyecto conocido como Ley Bases que engloba cientos de artículos, distribuidos en capítulos, que implican modificaciones en materia energética, reformas laborales, de movilidad jubilatoria, facultades delegadas, privatizaciones, entre otras.
 

Uno de los capítulos que más polémica causo, con grandes apoyos y grandes rechazos, es la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Desde Nación sostienen que este nuevo régimen permitiría inversiones en foresto industria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, petróleo y gas y siderúrgica ofreciendo incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para los proyectos que superen los 200 millones de dólares, y serían por el plazo de 30 años.

Además, consideran que el RIGI podría fortalecer la competencia entre ciertos sectores económicos y al mismo tiempo incrementar las exportaciones y generar empleo, otorgando la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25% para los que adhieran su proyecto al RIGI, y además la devolución acelerada del IVA y retenciones cero para las exportaciones que surjan de estas inversiones.

Otro punto, por el que se pidió una modificación en el Senado, fue el compre de mano de obra, que quedó establecido con un 20% de proveedores locales como obligación para los proyectos, pero que pedían que sea de un 50%.

Ahora bien, lo que señalan varios economistas es que este régimen no dejaría dólares en el país, al menos durante los primeros tres años del proyecto, y por el contrario de fortalecer la competencia dejaría en una situación difícil a las pymes que tendrán que pelear por aquellas multinacionales, o grandes nacionales, que traen equipamiento del exterior y mano de obra para explotar los suelos argentinos.

Desde algunos sectores industriales remarcan que esta libertad para poder entrar y sacar capitales va a destrabar varias operaciones que hoy no se concretan por esa misma razón, pero al mismo tiempo hay un reclamo por la desventaja que podría proporcionar el nuevo régimen para la industria nacional, por ejemplo, en que las pymes tendrán que pagar los impuestos de la materia prima que necesiten exportar mientras que las grandes multinacionales lo podrán entrar sin costo alguno.

Otro punto de discusión, considerado por un sector como una contra, es que los proyectos adheridos al RIGI pagarán 7% de ganancias de dividendos y 0% después del tercer año, mientras que la industria nacional pagará el 13%.

En diálogo con este medio el economista Rafael Flores mencionaba, previo al tratamiento en el Senado, en relación al lugar que le da el RIGI a las pymes que “el problema es que no se tiene en cuenta la obligación de que haya proveedores locales para estas inversiones, por lo cual se desperdicia la posibilidad de que pequeñas empresas de la zona empiecen a crecer a partir de la relación que puedan establecer con las grandes compañías que lleven adelante dichas inversiones. Uno de los puntos más interesantes del proceso es el encadenamiento productivo donde se pueden insertar empresas de la región, y esto específicamente no está contemplado en el proyecto de ley”.

Este artículo fue uno de los que se modificó en el tratamiento en el Senado, y establecieron un mínimo del 20% de proveedores locales, pero resta la confirmación de los diputados que tratarán las modificaciones.

En este sentido, la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene) consideró que la incorporación de ese 20% para las empresas locales significa “un paso fundamental para el desarrollo económico y productivo de la provincia”.

La inclusión de las Pymes para poder adherirse al RIGI que hicieron en el Senado necesita todavía la aprobación en la Cámara de Diputados, como el resto de las modificaciones que se hicieron. Aún así esto tiene una gran aceptación en el sector, sobre todo en las empresas locales, porque se trata de un punto de inflexión, con gusto a poco para algunos economistas y empresarios ya que solo representa el 20%. 

La Tecla Patagonia consultó al economista Gonzalo Carrera sobre el tema y señaló que "Argentina necesitaba un régimen de grandes inversiones para algunos sectores estratégicos que requieren altas capacidades tecnológicas".

En cuanto a los beneficios que otorga a los inversores el RIGI, expresó que hay en nuestro país "una mayor presión fiscal" por lo que va a tener mayores impuestos y va a necesitar mayores beneficios para atraer esas grandes inversiones.

Destacó la oportunidad de mayor empleo y mejores salarios que pueden darse, pero también marcó que la extensión de los beneficios "por 30 años quizás sea mucho". Además, también remarcó que la modificación en el Senado de obligar a tener un 20% de proveedores locales "genera beneficios a las empresas, a las pymes petroleras de Vaca Muerta, que pueden generar encadenamiento a productivos".

Por último, mencionó que la liquidación de los dólares en el mercado oficial, de lo que quedan eximidos los proyectos que están adheridos al RIGI, como quedó redactado puede no ser muy beneficioso para la economía argentina en su conjunto.

La posición de Neuquén

Desde los inicios de la nueva escritura y divulgación del último proyecto de Ley Bases, que llegó al Congreso y fue aprobado por diputados y después en el Senado obtuvo la otra media sanción, es que el gobernador de Neuquén, Rolo Figueroa, mostró su acompañamiento a la iniciativa e incluso señaló haber formado parte de la escritura de varios artículos del capitulo que establece el RIGI.

Si bien también indico en algunas ocasiones su desacuerdo con otros aspectos como el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, el mandatario neuquino es un férreo defensor de este régimen que, a su criterio, hará crecer a la provincia con el crecimiento de Vaca Muerta tras la llegada de millonarias inversiones.

Figueroa señaló que el RIGI podría darle el impulso que hace falta para el desarrollo del GNL, que espera por inversiones de más de 30.000 millones de dólares que permitirían la exportación del gas de Vaca Muerta al resto del mundo, y sostuvo que ya hay empresas interesadas en esta inversión.

Al mismo tiempo, el RIGI le da mayor lugar a Río Negro para pelear por la instalación de la planta de GNL de YPF y es una disputa en la que Figueroa acompaña a Alberto Weretilneck frente a la intensión de Axel Kicillof de que se instale en Bahía Blanca. 

Figueroa también mencionó que harán en la provincia una suma al RIGI de otros beneficios adicionales para Vaca Muerta, con la intensión también de incentivar a que se invierta en los campos maduros de petróleo.

Por último, en cuanto a su influencia en los votos de los diputados y senadores neuquinos, a excepción de los legisladores de UxP que votaron en consonancia con su bloque a nivel nacional, los demás votaron todos en la línea marcada por Figueroa, a pesar de no ser ninguno de su partido.

Impuesto a las Ganancias y el reclamo de los sindicatos petroleros

En consonancia con el capítulo del RIGI la Ley Bases también tiene otro punto de discusión que atañe al sector hidrocarburífero, y se trata de la restitución de la cuarta categoría para el Impuesto a las Ganancias, el cual fue eliminado de la normativa durante el 2023, con el acompañamiento del voto de Javier Milei en su rol como diputado. En esta oportunidad, nuevamente los gremios petroleros reclaman y muestran incesantemente su rechazo hacia este artículo el cual consideran un retroceso. Con este nuevo alcance algunos trabajadores petroleros pasarían a pagar el Impuesto a las Ganancias, y al igual que en el 2023 el reclamo va con la premisa de que el salario no es ganancia.

Los senadores rechazaron esta modificación en la votación en particular, pero ahora pasa a ser uno de los puntos que va a votar nuevamente en Diputados, junto con bienes personales y privatizaciones, por lo que se intensifica el reclamo para que los legisladores de la cámara baja también voten para sacar ese artículo de la ley que perjudica a varios trabajadores, tanto de la industria petrolera como de otros sectores.

De esta manera, el panorama en Vaca Muerta ante la aprobación del RIGI dependerá en gran medida de si se aprueba o no en diputados la modificación de un 20% de proveedores locales, lo que podrían palear las consecuencias negativas que le genera el nuevo régimen a las pymes.