Tal como se esperaba, luego de que a finales de junio el Congreso Nacional sancionara la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, Título V del Paquete Fiscal, que marcó la vuelta del pago del tributo para los empleados en relación de dependencia a partir de los 1.800.000 pesos de ingreso bruto mensual para los solteros, y desde 2.200.000 para los casados con dos hijos, con alícuotas que irán del 5 al 35 por ciento, la judicialización del gravamen no se hizo esperar.

Es que ya son varios los sectores de trabajadores, especialmente en el ámbito gremial, que decidieron recurrir al Poder Judicial para frenar el cobro del impuesto, cuyo alcance a nivel nacional se estima en unas 800.000 personas, de las cuales un poco menos una décima parte estaría en la región patagónica. En estos términos, se desprenden dos tipos de acciones de judicialización, una a nivel federal y otra que recae sobre el marco legislativo de las provincias.

En lo que tiene se relaciona a lo federal, y que fue lo que más se anticipó previó al último tratamiento de la norma en la Cámara de Diputados, se concentra en la búsqueda de la declaración de inconstitucionalidad del impuesto por un trámite irregular dentro poder Legislativo, cuya base podría sustentarse una interpretación del articulo 81 de la Constitución Nacional, ya que no se tomaron en cuenta las modificaciones que se realizaron en el Senado.

Sobre este aspecto ya hay presentaciones de la Asociación de Médicos de la República Argentina, La Asociación Bancaria, el Sindicato de Dragado y Balizamiento, y la Confederación de Trabajadores del Transporte. Asimismo, tanto la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional como la Unión de Empleados Judiciales de la Nación hicieron un planteo similar. Dentro del Poder Judicial, hay un acuerdo para que solamente paguen Ganancias quienes ingresaron a partir del 2017, y la restitución del tributo estaría generando desigualdades, según argumentan.

El precedente patagónico para detener el cobro de Ganancias en el país

Más allá de las actuaciones frente a la justicia, en julio la Justicia neuquina falló a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) para que los empleados de la administración y docentes se queden afuera del pago del Impuesto a las ganancias, ya que se logró el dictado de una medida cautelar por el Juzgado de Juicios Ejecutivos N°2, a cargo de la jueza María Victoria Bacci, que ordenó que la Provincia y sus entes autárquicos y municipales continúen aplicando las normativas locales - Ley provincial 3378 y la ordenanza municipal 14.509-, en defensa de los derechos laborales y constitucionales de los trabajadores.

La acción legal se sustenta en la afirmación de que la Ley 27.743 avanza arbitrariamente sobre la autonomía provincial, reintroduciendo un impuesto sobre los salarios que había sido previamente derogado. Y hace unos días, el 14 de agosto, la Cámara de Apelaciones Civil de Neuquén reforzó la posición de ATE al excluir al Estado nacional de intervenir en el caso. La Cámara consideró que la citación del gobierno nacional como tercero en el proceso no era procedente, lo que respalda la decisión anterior de la jueza Bacci.

Dicha resolución impulso que Sindicato de Empleados Judiciales del Neuquén (SEJuN) presentaron un reclamo administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia que busca evitar la aplicación de retenciones salariales en concepto de impuesto a las ganancias a empleados y funcionarios del Poder Judicial de la Provincia.

Si bien el proceso en Neuquén fue llevado adelante desde lo gremial, el Ejecutivo de la Provincia, mediante de la Fiscalía del Estado, avaló la acción de amparo al considerar como institucional el impuesto a las ganancias.


De hecho, el viernes pasado El Juzgado de Trabajo Nº 13 de la Ciudad de Buenos Aires emitió una medida cautelar en respuesta al amparo presentado por la La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), ordenando la suspensión de varios artículos de la Ley Nº 27.743 del Impuesto a las Ganancias, que afectaban a docentes al fijar un mínimo no imponible insuficiente y gravar adicionales como ruralidad, material didáctico y presentismo.

El tratamiento en el sur

Hace unas semanas el gobernador chubutense Ignacio “Nacho” Torres mencionó sobre el Gobierno Nacional que "lamentablemente el avance inconsulto con respecto a retrotraer el Impuesto a las Ganancias ha sido un error", y de hecho fue uno de los primeros en mencionar que “va a terminar judicializado, no solo por lo que plantea sino por distintos afectados que terminan en una relación de competencia y facultad para realizar planteos en la justicia. Hablo de sindicatos, trabajadores del petróleo, la pesca que se pueden ver afectados".

El sureño también insistió que el tributo acentuaría las asimetrías entre la región y el resto del país por los costos del nivel de vida, una diferencia que tampoco se tomó en cuenta cuando en el Congreso Nacional se descartó elevar el piso del impuesto en la región.

No obstante, el sector, que predomina en la Patagonia, que si pudo lograr una ventaja fue justamente el petrolero. En lo que fue la reglamentación, del Impuesto a las Ganancias quedaron excluidos los trabajadores de boca de pozo, que concentra una gran parte de los empleados relacionados a la actividad hidrocarburíferas, por lo que por el momento el Gobierno Nacional desactivó cualquier tipo de reclamo antes de tiempo.

En ese marco, Marcelo Rucci, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, reiteró que la medida solo tiene alcance para los trabajadores de base, por lo que se quedó afuera otro tipo de personal, como el jerárquico. Dentro de los no beneficiados, hay trabajadores nucleados en la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FaSiPeGyBio), que a inicios de agosto lanzaron un paro que fue frenado por el dictado a conciliación obligatoria, aunque tampoco descartan presentaciones judiciales.

En Santa Cruz, esta semana el Gobernador Claudio Vidal reunió al arco gremial para anunciar que la Provincia se hará cargo del impuesto a las Ganancias y a su vez lanzar una capacitación para que los trabajadores puedan completar el formulario 572, que posibilita la deducción de las cargas familiares y el resto de los conceptos del mencionado impuesto.
Aun así, la jurisdicción continental más austral del país, el gremio docente Adosac ya había presentado un recurso de amparo ante la justicia para detener el tributo.

Mariano Mansilla, abogado representante de los gremios ATE y ATEN de Neuquén
“Los patagónicos queremos hacer valer nuestra legislación por sobre lo que ha resuelto el Gobierno Nacional”

En diálogo con La Tecla Patagonia, Mariano Mansilla, abogado y exdiputado provincial de Neuquén, compartió detalles sobre las acciones judiciales que han impulsado para proteger a los trabajadores estatales de la aplicación del Impuesto a las Ganancias. “Nosotros somos abogados de los gremios estatales, ATE y ATEN, que representan principalmente a docentes, pero también a otros sindicatos”, explicó Mansilla, quien aclaró que las acciones se han llevado a cabo tanto en la justicia provincial como en la federal. "A veces hay un poco de confusión sobre qué está ocurriendo, pero tenemos una medida cautelar favorable en la justicia provincial que suspende la aplicación del impuesto para los trabajadores provinciales", destacó.

El exdiputado recordó que fue uno de los autores de la ley provincial que excluye del cómputo del sueldo un 40% de los trabajadores estatales. "La medida cautelar en la provincia está firme porque no ha sido apelada, por eso los trabajadores estatales de toda la provincia no pagan ganancias", señaló, añadiendo que este amparo también cubre a los empleados municipales que se han adherido a la acción.

En cuanto a la justicia federal, el letrado mencionó que "los amparos han sido admitidos, pero todavía no hay ninguna solución". Sin embargo, expresó que una decisión favorable en el ámbito federal podría tener un impacto más amplio, incluso a nivel nacional. "Nosotros planteamos que el salario no es ganancia y que el impuesto debe regirse por normas impositivas justas. Además, cuestionamos el procedimiento legislativo que dio origen a la ley, que creemos que es inconstitucional", explicó el abogado.

Finalmente, Mansilla subrayó la particularidad de la región patagónica y cómo las condiciones de vida más costosas justifican una legislación diferenciada. "Lo que ocurre en esta disputa judicial es que los patagónicos queremos hacer valer nuestra legislación por sobre lo que decide el gobierno nacional. Aquí, los mayores costos de vida hacen que los ingresos de los trabajadores no sean realmente una ganancia, sino una necesidad básica para sobrevivir", concluyó.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional
 â€œEl impuesto a las Ganancias volvió como un tributo a los pobres”

En conversación con La Tecla Patagonia, Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio ATE a nivel nacional, expresó su profunda preocupación por el impacto del impuesto a las ganancias en los trabajadores argentinos, especialmente en la región patagónica. “El impuesto a las ganancias volvió en esta segunda versión como un impuesto a los pobres”, afirmó Aguiar, resaltando que “la diferencia entre el mínimo no imponible y la línea de pobreza es ínfima, apenas 130.000 pesos”. Para ilustrar, mencionó que mientras la canasta básica para un hogar supera los 1.300.000 pesos, el mínimo imponible está en 1.494.000 pesos, lo que demuestra que este tributo “vuelve como un impuesto a los pobres”.

El rionegrino también criticó la política fiscal del país, señalando que “Argentina va a contramano del mundo”. Explicó que, mientras en los países más desarrollados se discuten formas de gravar los patrimonios o las rentas internacionales, en Argentina se aumenta la carga tributaria sobre los trabajadores y jubilados. “Se le quita peso impositivo a los que más tienen y se aumenta sobre los que menos tienen, lo que incrementa la regresividad del sistema de recaudación impositiva”, argumentó.

En cuanto a la región patagónica, Aguiar señaló que “la situación empeora, salvo en la provincia de Neuquén”, donde una jueza provincial suspendió la aplicación del impuesto basándose en una ley local que protege los ingresos de los empleados públicos. “En el resto de la región patagónica, el impacto es mayor porque los ingresos son superiores debido a la zona desfavorable, pero ahora algunos ítems que antes estaban excluidos del tributo, ahora sí son alcanzados”, comentó. Esto, dijo, resulta en “una rebaja salarial de magnitud” para muchos trabajadores.

Respecto a la posibilidad de replicar la estrategia judicial de Neuquén en otras provincias, el gremialista explicó que depende de la legislación provincial específica. “Neuquén es una de las pocas provincias que había votado una ley en su legislatura para proteger los ingresos de empleados públicos, pero este escenario no lo tenemos en otras provincias”, señaló. Sobre la situación en Santa Cruz, comentó que están reuniendo información sobre la reciente exclusión de empleados estatales del impuesto a las ganancias tras un anuncio del gobernador Vidal. “Siempre que se trate de decisiones políticas que frenen la aplicación de este injusto e ilegal tributo, estamos de acuerdo y lo destacamos”, concluyó.

Javier Fernández, secretario general ADOSAC
"Nuestra presentación busca proteger a todos los trabajadores"