Las organizaciones indígenas, sociales y políticas que decidieron no concurrir a la audiencia pública del proyecto minero y hacer un acto aparte, se quejaron de la presencia policial reforzada para evitar incidentes. "El Gobierno "militarizó el territorio" dijeron La audiencia transcurrió en paz y fue multitudnaria. Intimaron a las mineras a no iniciar los emprendimientos.

Las organizaciones sociales, comunidades y asambleas que decidieron hacer una "contra audiencia" en Ingeniero Jacobacci, para restarle legitimidad a la audiencia pública que debatió este viernes el proyecto minero de Calcatreu, emitieron un comunicado criticando el refuerzo policial para garantizar que la trascendente reunión se realice con seguridad, e intimaron a las mineras Patagonia Gold y Aquiline Argentinas a no comenzar la explotación de los emprendimientos.

"Expresamos nuestro rechazo y repudio al desmesurado despliegue de fuerzas represivas, con vallas, policía montada, motorizada, división canes y comandos especiales", señalaron en el texto, asegurando que el "acto político militarizado que llaman Audiencia Pública no tiene validez ya que no es vinculante".

Agregaron que la audiencia tuvo "graves vicios", como "fue denunciado en el recurso administrativo que pide su nulidad. Además intenta, de forma espuria, reemplazar a los verdaderos procesos de consulta, contemplados en la Constitución Nacional Argentina, en el Convenio 169 de la OIT (Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada) y en el Acuerdo de Escazú".

El recurso judicial consistió en una intimación enviada por carta documento por la comunidad Lofche Putren Tuli Mahuida a las empresas Patagonia Gold y Aquiline Argentina, para que "se abstengan de iniciarel proceso de explotación de Calcatreu".

Indicaron en el recurso que el proceso administrativo de audiencia pública organizado por el Gobierno provincial incurrió en una "violacion a los convenios internacionales en lo referido a la Consulta Libre Previa e Informada", y anticiparon que demandarán "civilmente y penalmente a las empresas".

En el comunicado posterior las organizaciones agregaron que el Gobierno "niega recursos para la salud, educación, atención social de miles de familias en situación de extrema pobreza", mientras "utiliza millones de pesos del erario público para garantizar el saqueo que las grandes empresas mineras vienen a perpetrar en nuestros territorios, dejándonos contaminación, pobreza y destrucción de las formas de vida que habitan en la Ñuke Mapu".

"Hacemos responsable de esta situación de militarización y amenaza al Gobierno provincial de Alberto Weretilneck y al Gobierno municipal de Jose Mellado. El extractivismo sólo avanza a fuerza de represión contra el pueblo y corrupción", afirmaron. (Bariloche 2000)