La iniciativa, impulsada por el intendente Walter Cortés, busca construir un hotel y un complejo de residencias; debe ser aprobada en el Concejo Deliberante.

En línea con las intenciones de la empresa concesionaria del centro de esquí local, Catedral Alta Patagonia (Capsa), el intendente Walter Cortés (Unión y Libertad) acelera el tratamiento de un proyecto que busca otorgar “parámetros urbanísticos” a unas 70 hectáreas en el cerro y dar paso a un desarrollo inmobiliario en la montaña.

El jefe comunal envió para su tratamiento al Concejo Deliberante el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental para el cerro Catedral: el avance del proyecto abriría la puerta a una de las mayores inversiones inmobiliarias en Bariloche. La iniciativa de la concesionaria del cerro –delimitado en seis Áreas de Ocupación Concertada (AOC)– prevé la construcción de un hotel a los 1200 m.s.n.m., así como diversas áreas residenciales, de uso permanente y temporario.

El proyecto ya había generado polémica durante la gestión del exintendente Gustavo Gennuso, que en 2020 prorrogó por 30 años la concesión del centro de esquí a Catedral Alta Patagonia. Tras comprometerse a realizar inversiones por más de 22 millones de dólares, la empresa podrá administrar el área de concesión hasta 2056. Las 1920 hectáreas del cerro Catedral donde funciona el centro de esquí pertenecen al municipio de Bariloche.

Las críticas vinculadas con cuestiones urbanísticas y ambientales no permitieron que Gennuso garantizara los permisos que requiere el proyecto. Tras seis meses en el cargo, el actual intendente Cortés empezó a moverse para conseguirlo.

 â€œEl proyecto que impulsa el intendente es un despropósito que desnaturaliza el centro de esquí y genera una estructura privilegiada que desarticula la interacción del principal centro de esquí de Sudamérica con la ciudad. La idea de la familia Trappa [titulares de Capsa], de Cortés y de los padrinos políticos provinciales y nacionales de este megaproyecto, es desnaturalizar el lugar para obtener beneficios económicos irracionales y excepciones legales”, dijo a LA NACION el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche).

Y agregó: “Todo eso se hace en contra de la legitimación social, ya que el pueblo de Bariloche se opone. Y con una gravísima nulidad de origen, porque los pseudoempresarios que llevan adelante este despropósito no obtuvieron por licitación pública nacional o internacional la explotación de la concesión como exige la ley, sino por una extensión de contrato que resulta ser una maniobra generada desde el poder. Los pseudoempresarios de Capsa operan comercialmente al amparo de los beneficios del Estado y en función de monopólicos ingresos o perdones de multas y concesiones”.

El ingeniero civil Ricardo Martin, asesor técnico del bloque Incluyendo Bariloche, advirtió recientemente que el punto más crítico del Plan Director está vinculado a la factibilidad de provisión de servicio básicos en el área. “En particular, con relación al servicio de agua potable y energía eléctrica, que plantean enormes restricciones en la provisión a escala urbana. Habilitar un desarrollo inmobiliario con esta demanda potencial de energía eléctrica (en torno a los 20 MVA) equivale a condenar a la ciudad a un colapso de su infraestructura”, advirtió Martin.

Mejores servicios

Sin embargo, desde Capsa afirmaron que el proyecto incluye todas las obras de infraestructura necesarias que el Estado no puede encarar, no solo en el desarrollo nuevo sino también en la actual Villa Catedral. Ya se han hecho los proyectos para una cañería y una estación de bombeo de agua en el lago Gutiérrez y una línea de media tensión soterrada desde la estación transformadora La Paloma.

Fuentes de la compañía indicaron que el desarrollo inmobiliario estaba previsto desde la concesión original de 1992. Si bien la idea del desarrollo hablaba de 105 hectáreas, a partir de la ordenanza Nº2929 de 2018 (que extendió el contrato de concesión de Capsa) se redujo la superficie a algo más de 70 hectáreas. Suman que, en lugar de destinarse una única zona del cerro al desarrollo inmobiliario, se plantea dividir esa superficie en sectores de menor sensibilidad ambiental.

Desde la concesionaria del centro de esquí añaden que “existe un déficit de servicios públicos en toda la Villa Catedral actual, que hoy tiene alrededor de 5000 camas hoteleras: hay una sola línea eléctrica aérea que alimenta al centro de esquí y la villa, hay dificultades con el agua potable y problemas de cloacas”.

Consideran que, para seguir desarrollándose y continuar siendo un polo de atracción turística, el centro de esquí tiene que aggiornarse y ofrecer mejores servicios. Un desarrollo inmobiliario de estas características permitiría, según creen, hacer frente a la falta de recursos de inversión pública en infraestructura.

Agregaron desde Capsa que, de la venta y la urbanización de esos espacios en la montaña, saldrían también los recursos para mejorar la infraestructura de toda la Villa Catedral tal como existe hoy.

“Con mayores desarrollos y más oferta hotelera y otro tipo de afluencia de público, también tendría sentido hacer inversiones para el desarrollo de actividades fuera del invierno”, consideraron. En ese sentido, son muchos los empresarios vinculados a centros de esquí en la Argentina y el resto del mundo que ponen el acento en que no es rentable un negocio que solo se mantiene con la venta de pases de esquí.

De avanzar en el Concejo Deliberante la iniciativa enviada por el intendente Cortés, quedarán muchos puntos por debatir y definir: si se venderán las tierras o si se harán convenios, concesiones o comodatos, y si Capsa delegará la operación hotelera en otras empresas, entre otras cuestiones.

El avance del proyecto depende también de su paso por el Consejo de Planeamiento Estratégico, en el que tienen presencia organizaciones sociales, profesionales y vecinos, así como de la realización de una audiencia pública.

Antes de ser intendente, Cortés fue legislador del Partido Justicialista (PJ) y llevaba casi 30 años al frente del Sindicato de Empleados de Comercio (AEC) de la ciudad. Entre las voces opositoras, se recordó que el mandatario fue condenado a cuatro años de prisión junto con el exintendente Omar Goye y los sindicalistas Ovidio Octavio Zúñiga y Víctor Ricardo Carcar por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública. En 2018, luego de que permanecieran presos en el penal de Esquel, un fallo de la Corte Suprema los sobreseyó y los cuatro imputados recuperaron su libertad.

(Diario La Nación)