La concejala Vanessa Cacho Devincenzi presentó un proyecto de comunicación expresando al Poder Ejecutivo Nacional su beneplácito por el  Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual convoca a los gobernadores/as e intendentes/as de todos los municipios del país a realizar tareas de fiscalización y control de los precios máximos establecidos por la Secretaría de Comercio Interior, en el marco del aislamiento social dispuesto para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Destacó que la medida está en línea con uno de los objetivos del gobierno nacional de aplanar la curva de contagios del COVID-19 sin que ello genere aumentos de precios y desabastecimiento en el país, resguardando la economía de las familias.

Por el DNU 351 la administración nacional convocó a los Intendentes e Intendentas de todos los municipios del país a realizar, en forma concurrente con la Nación, la fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo Nº 100/20, o las que en el futuro la prorroguen, reemplacen o amplíen, en los supuestos comprendidos en el artículo 15 de la Ley Nº 20.680", señala el artículo 2 del decreto. A través de esa ley, se facultó a la secretaría "a establecer, entre otros, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, a la vez que establece severas sanciones ante la constatación de incumplimientos".

Vanessa Cacho Devincenzi recordó que en su rol institucional desde un principio impulsó acciones relacionadas con esta temática, como el proyecto de ordenanza presentado el pasado 19 de marzo tendiente a que el municipio establezca el control de precios sobre los artículos que componen la canasta básica familiar, como así también todos los vinculados a la higiene personal y artículos sanitarios de uso personal y familiar.

También otro proyecto del 1 de abril último para que el municipio establezca un sistema público de difusión de precios de artículos de primera necesidad al consumidor, que debe incluir los “Precios Máximos de Referencia” como herramienta de suma importancia para afrontar la adquisición de los productos alimenticios, de higiene y limpieza.

Allí se imponía la obligación de los comercios de contar con  instrumentos de comunicación para que los vecinos puedan realizar en tiempo real la denuncia correspondiente en caso de que el establecimiento no cumpla con lo dispuesto por las leyes de control de precios, en coordinación del nivel local con Defensa del Consumidor de la provincia de Río Negro y la Secretaría del Interior de la Nación.

 La concejala destacó la decisión del presidente Alberto Fernández  de trasladar facultades que tenía únicamente al gobierno nacional a las provincias y municipios para un mejor control y sanción a comercios y proveedores en función de  impedir los aumentos generalizados en los precios de venta de la canasta básica en general y de los insumos fundamentales para la prevención y cuidado del COVID19 (CoronaVirus).

“Es necesario evitar la especulación y hacer cumplir la legislación vigente en nuestra ciudad, efectuando  controles de stock de productos en los comercios y evitar los faltantes o maniobras especulativas que afecten el bolsillo de vecinas y vecinos, como así también garantizarles el acceso a los productos esenciales en el marco de la Emergencia Sanitaria”, concluyó.