Mediante un proyecto ingresado este lunes, el bloque de legisladores del Frente de Todos pidió al gobierno provincial que incremente el número de inspectores abocados al control de precios y abastecimiento de productos esenciales en los comercios. Pese a la regulación dispuesta por el gobierno nacional, siguen registrándose faltantes y aumentos excesivos. Quieren sumar a otros organismos del Estado a la fiscalización.

Las medidas impulsadas por el presidente Alberto Fernández -a las cuales adhirió Río Negro- buscan garantizar que los comercios cumplan con el abastecimiento y respeten los precios máximos de 2.300 productos, vigentes al 6 de marzo,  esto es, tres días después que se conociera el primer caso de infección por coronavirus.

Aún así el alza de precios y el faltante de mercadería en supermercados y comercios de barrio continuó registrándose durante el último mes, algo que,  entienden los legisladores, es también consecuencia de un control que “resulta ciertamente escaso, incapaz de efectuar un control serio y de calidad sobre el cumplimiento de la normativa vigente”.

En tal sentido, el proyecto ingresado este lunes apunta a “hacer frente a los abusos y especulaciones oportunistas por parte de determinados comerciantes, quienes vieron en la crisis y en la necesidad de la población, la oportunidad de aumentar sus ganancias, fijando precios exorbitantes para productos de primera necesidad, en particular en los alimentos y productos vinculados con la higiene (barbijos, alcohol, alcohol en gel, lavandina)”.

Para subsanar la falencia, la comunicación propone sumar agentes de la Agencia de Recaudación Tributaria, organismo del Estado  que ya ejerce tareas de fiscalización, e incluso de otros organismos, entre los que menciona a la Secretaría de Estado de Trabajo, la Secretaria de Minería, el Ministerio de Producción y Agroindustria, y la Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable, “que mediante una breve capacitación, podrían rápidamente incrementar las posibilidades de contralor en beneficio de los consumidores”, señala el texto.

La medida, añade, tendría carácter temporal y excepcional, mientras dure la declaración de pandemia.

“Con idéntico espíritu”, culmina el proyecto, “se propone valorar la colaboración que pudieren ofrecer las organizaciones gremiales, muchas de las cuales cuentan con una acreditada capacidad logística y recurso humano calificado, para el desempeño de una labor como la reseñada. Todo ello, sumado al compromiso indubitado que estas organizaciones ostentan en favor de los trabajadores y el pueblo”.