El Superior Tribunal de Justicia resolvió obligar a jueces y funcionarios a concurrir a sus lugares de trabajo a partir del próximo lunes, durante cuatro horas. Se prevé, además, que “podrán organizar los equipos de trabajo”, “pudiendo para ello incorporar empleados del listado de guardia”. Será de 8 a 12, pero se aclaró que no habrá atención al público en ningún área judicial

La justicia ratificó la continuidad de la cuarentena aunque estableció nuevas reglas en un intento de incrementar la actividad judicial. Parte de las decisiones responde a los reclamos de los colegios de Abogados, entre ellos, mayor presencia en los tribunales de jueces y personal para cumplir con algunos trámites.

Hasta ahora, los magistrados pueden cumplir funciones desde sus domicilios y, directamente, los agentes estaban exceptuados de concurrir. Esta posibilidad tendrá el rechazo del gremio, que viene anticipando esa oposición.

En la concurrencia del personal, la Acordada afirma que “los titulares de organismos podrán organizar los equipos de trabajo que realizarán las tareas con presencia en sus respectivas sedes, pudiendo para ello incorporar empleados judiciales del listado de guardia”. Se establece que las “funciones presenciales diarias en la sede de cada organismo no podrán ser desarrolladas por más de cuatro personas simultáneamente. La carga de tareas deberá ser organizada internamente de manera tal de posibilitar una rotación de agentes judiciales que resulte equitativa”.

Se indicó que “no se habilitará la atención al público en ningún organismo del Poder Judicial, en cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por Nación y Provincia”. Para las tramitaciones seguirá funcionando la Mesa de Entradas para Escritos Digitales y se alude que su “implementación fue destacada por los Colegios de Abogados”.

En la resolución, el STJ y el Procurador fijaron que desde el lunes 18, los “jueces y funcionarios -a excepción de quienes se encuentren en los grupos de riesgo- deberán ir a las oficinas en el horario de 8 a 12”. Además, desde ese día, se “habilitarán los plazos procesales exclusivamente para el dictado de sentencias definitivas e interlocutorias”.