En los próximos años vencerán las concesiones de las presas hidroeléctricas del Comahue. Será la oportunidad de volver a poner en discusión el modelo de desarrollo y la relación Nación – Provincias. El modelo que finalmente se elija tendrá que ver con la concepción de país y el paradigma federal.

Dentro de apenas tres años comenzarán a vencer las concesiones de las presas hidroeléctricas que se construyeron en los años 60 y 70 en Río Negro y Neuquén. El sistema Cerros Colorados (el gran regulador de caudales del Neuquén), que cuenta con generación en Planicie Banderita; más las cinco centrales ubicadas sobre el río Limay: Alicura, Piedra del Aguila, Pichi Picún Leufú, El Chocón y Arroyito. Un tema no menor para dos provincias que se conformaron principalmente alrededor de los ríos y que miran con expectativas el panorama que se abre.

La dirigencia política y los cuadros técnicos de las dos provincias coinciden en una mirada: la necesidad de modificar el esquema actual, que nació bajo el paradigma privatizador de concebir a la energía como un comoditie. Un bien transable en el mercado, que debe atenerse a las exigencias de la demanda y a criterios de eficiencia y rentabilidad. A ese enfoque, rionegrinos y neuquinos le oponen otra mirada: la de insumo estratégico que permita una planificación para el desarrollo económico. No lo van a decir a bocajarro para no parecer anacrónicos pero en última instancia están pensando en un modelo similar al de Hidronor, la antigua empresa estatal que pudo construir y administrar las centrales hasta los años ’90.

A ese modelo le agregan un enfoque más federal: desean que el manejo de los ríos y de las represas sea un tema compartido por las dos provincias. Y al mismo tiempo les genera cierto recelo saber qué se pueden encontrar en las centrales. “La cuestión de la seguridad es algo que entendemos garantizada. El Organismo de Seguridad de Presas, el ORSEP, ha desarrollado todas las consultorías necesarias, ha llamado a expertos internacionales y cumple con las exigencias. Desde ese punto de vista, ha sido un modelo para el país y para el mundo”, explicó un funcionario rionegrino. Lo que preocupa es el estado en que pueden encontrar el equipamiento de generación, que ya ha cumplido la vida útil marcada en los manuales de los fabricantes.

De recurso estratégico a “comoditie”

Los estudios para el aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos del Comahue comenzaron a avanzar a principios de los ’60 de la mano de la empresa estatal Agua y Energía. El “desarrollismo” como idea dominante imponía la necesidad de energía eléctrica abundante como un factor de crecimiento. Esa energía iba a permitir la ampliación de las áreas bajo riego y la disponibilidad de energía para industrializar recursos naturales en origen.

Y si bien la realidad fue otra (la energía se trasladaba fácilmente a los grandes centros de consumo), esos argumentos sirvieron para financiar las grandes inversiones que representaban los proyectos y para obtener los “consensos sociales” necesarios para avanzar. Claro que nadie se preocupaba demasiado por las cuestiones ecológicas en ese tiempo, pero las obras tuvieron un gran impacto en los imaginarios de todos los argentinos y permitió mantener el esquema de financiamiento.

La dictadura del general Juan Carlos Ongañía entendió que Agua y Energía – una empresa muy grande, que se dedicaba desde la generación hasta la distribución domiciliaria en la mayor parte del país – no estaba en condiciones de manejar la llamada “obra del siglo”. Y en 1967 creó Hidronor con el concepto de “Sociedad del Estado”. Primero, una estructura mucho más chica y específica. Y segundo, con una figura jurídica que le permitía mayor operatividad que la de la empresa estatal.

Pero esa Hidronor fue tributaria de las concepciones de su época: una empresa centralizada, sin participación de las provincias, que actuaba según las directivas impartidas desde Nación y con un desconocimiento importante de las realidades regionales.

El modelo exitoso de esa Hidronor pasó por su capacidad para diseñar, licitar y controlar la construcción de todas las presas del Comahue (salvo Pichi Picún, que se construyó después), y hacerse cargo de su operación.

La historia cambió en los años ’90. La hiperinflación que devastó al país en los últimos años de la presidencia de Raúl Alfonsín, vino a legitimar el cambio de paradigma. Además, la caída de la Unión Soviética con su modelo alternativo de economía centralizada (o de capitalismo de Estado, para algunos), agregó otro argumento. El Estado debía retirarse del manejo de la economía; los bienes “estratégicos” dejaron de existir para convertirse en bienes comercializables en el mercado; el libre juego de la oferta y la demanda en condiciones de competencia sería la panacea que nos convertiría en un país rico. Había que fundar un nuevo sistema capitalista en la Argentina.

El sistema eléctrico se vendió siguiendo un esquema diferenciado al del resto de las empresas públicas. Allí había desembarcado en pleno la Fundación Mediterránea de Domingo Cavallo con sus principales espadas. Carlos Bastos, el secretario de Energía de aquel entonces, fue el responsable de las decisiones.

“El valor de su empresa es cero”

Semejante vendaval privatizador no caía sobre posiciones demasiado firmes. Los vaivenes económicos del país y políticas de paracitación de las empresas públicas las habían vuelto ineficientes, productoras de malos servicios, desactualizadas y endeudadas. Hasta la seria y muy eficiente Hidronor caía en la volteada de este sistema justificador.

En 1992, la línea gerencial de la empresa fue convocada a rendir cuentas ante el ministerio de Economía de la Nación y se encontraron con una pregunta inesperada: ¿Cuánto vale la empresa? El entonces gerente general arrancó con el criterio general: a valor libro y según las inversiones realizadas, valdría unos 6.000 millones de dólares de aquel entonces. El funcionario porteño, que venía de la actividad privada, repreguntó: ¿cuánto factura y cuánto gasta su empresa?

Y después de escuchar, sentenció: “Si factura lo mismo que gasta, el valor de su empresa es cero. No vale nada”. En esa lógica formalista y esquemática del mundo de los negocios de los ’90, Hidronor valía cero. Y más allá del simplismo del análisis, la razón del balance “cero” era muy claro: las deudas que se acumulaban desde las empresas distribuidoras que se financiaban retrasando o directamente no pagando las facturas por electricidad.

Los “mediterráneos” de Bastos y Cavallo aplicaron un modelo que presentaron como un “modelo perfecto” para garantizar la competencia. Se dividía el sistema en tres esquemas de negocios: generación, transmisión y distribución. Ninguna empresa iba a poder participar en dos segmentos diferentes. Y se utilizaría otro sistema para pagar la energía: las centrales iban a generar según el precio de su energía. La más cara – la más ineficiente, entendían -, ingresaría a generar en última instancia. El modelo – entendían también -, apuntaba a la eficiencia, a la transparencia y a la desmonopolización.

El resultado terminó por desmentir todos esos supuestos. No pudo evitar la tendencia a la monopolización; no fue transparente y tampoco eficiente. Tampoco logró sustentar el pago en término de las facturas a las generadoras.

Treinta años después

Pasaron muchas cosas en estas tres décadas y el plazo de concesión está por vencerse. Es legítimo que todos empiecen a preguntarse qué puede hacerse a partir de 2023. Y es lógico que todos empiecen a mover sus fichas para que la “hoja de ruta” termine llevando agua para su molino.

Desde el gobierno nacional llegan señales de que aquel modelo privatizado de los años ’90 es inviable en la Argentina de hoy aunque todavía hay mensajes contradictorios sobre el futuro. Con una secretaría envuelta en pujas internas, las indefiniciones llenan de preocupación a las oficinas de Viedma, Cipolletti (donde está la sede de la Autoridad de Cuencas) y Neuquén.

Pero los gobiernos provinciales ya van tendiendo algunas líneas. Entienden que el modelo de la AIC o de COIRCO, con su esquema federal, la participación de las provincias y la Nación, puede ser un buen punto de partida para definir una futura Empresa que reúna a las centrales hidroeléctricas. Y que permita enfocarse también en nuevas inversiones. Neuquén alimenta sus sueños de la represa de Chihuidos; Río Negro quiere desarrollar el Limay medio o el Negro. Las dos entienden que pueden también incorporar una herramienta de desarrollo económico. “Estamos en condiciones de hacerlo porque tenemos experiencia. El DPA administra las micro centrales sobre el canal de riego. Y pensando en grande, se pueden establecer tarifas diferenciales para la producción”, reflexionó un funcionario provincial.

Hubo pronunciamientos formales de legisladores provinciales, ninguno con el peso del ex secretario de Energía rionegrino, Sebastián Caldiero: “terminadas las concesiones las hidroeléctricas tienen que volver a las provincias que son el poder concedente y no a la Nación”, enfatizó frente a los micrófonos de LU19 el diputado de Juntos Somos Río Negro.

A partir de la reforma constitucional del ’94, el poder concedente pasó a las provincias y es por esta razón que el legislador plantea un nuevo marco para el funcionamiento de las represas. “Hay que analizar todos los aspectos para saber qué es lo mejor para la provincia”. Y tiró la idea: “incluso podrían ser explotadas por el Estado”.

Sea cual sea el futuro de las represas, el titular del DPA Fernando Curetti enfatizó que deberán tenerse en cuenta las obras de mitigación del impacto en toda la franja costera. Una obra que cuesta más de 600 millones de pesos y que la Autoridad de Cuencas no pudo concretar por falta de fondos. Consecuencias de la disparidad que existe entre el precio que perciben las distribuidoras (las grandes beneficiadas por el sistema en vigencia), y el que se reconoce a las propietarias del recurso para el pago de las regalías.

El error de poner a los gatos en la misma bolsa

Un grupo de especialistas adelantó que van a pedir consultorías especializadas sobre el estado de mantenimiento y operación en que se encuentran las centrales hidroeléctricas antes de que se tome cualquier definición. “Son equipos que ya terminaron lo que se denomina “vida útil” para los manuales de fabricante. No significa que se van a romper; pero tienen que tener el mantenimiento adecuado. Y eso es lo que queremos que se demuestre”, precisó la fuente.

Y aclaró que no hay que poner a todos los gatos en la misma bolsa. “Hay algunas operadoras que son responsables. Y hay otras que son, cuanto menos, displicentes”.  Entre las primeras, figura la que tiene a cargo las presas de Chocón y su compensador, Arroyito. Pertenece al grupo Enel (el 23 % de las acciones está en manos del gobierno italiano). “Si todas fuesen como Enel, estaríamos bien. Pero no lo son”, comentó.

En el otro extremo de la tabla, posicionan a la concesionaria de la central de Planicie Banderita y de la central térmica Alto Valle, Orazul Energy. Decir que esta empresa está controlada por el fondo de inversión I Suared Capital es revelar su máxima empresaria: no le preocupa tanto el negocio de la energía como la valorización financiera.

En Río Negro y en Neuquén se la responsabiliza por los graves problemas añadidos durante el gigantesco apagón del día del padre del año pasado, cuando la energía faltó en todo el país pero que en la región se extendió por muchas más horas. “Seguramente no es el mejor ejemplo; está trabajando sobre el límite de lo que debe tener y cualquier problema la puede dejar fuera de servicio”, explicaron.

*Exdiputado nacional del FpV, dirigente de JSRN, director general de Comunicación Institucional de la Municipalidad de Cipolletti