Se trata de un proyecto de Ley del Frente de Todos presentado meses atrás, pero que aún no fue tratado por la Legislatura. La iniciativa establecía la integración y el funcionamiento para el Consejo Económico y Productivo cuya creación anunció la gobernadora Carreras hace algunos meses, pero del que aún no se conoce ninguna actividad concreta.

El Consejo Económico y Productivo tiene entre otros objetivos el de promover la participación ciudadana, la concertación y el consenso para el diseño de políticas públicas, con la finalidad de desarrollar la producción sostenible de bienes y servicios locales y la generación de fuentes de trabajo, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), una actividad que resultará esencial para la recuperación económica luego de la pandemia.

El proyecto de Ley que define la participación y el funcionamiento del organismo fue presentado en junio por los legisladores María Eugenia Martini y Alejandro Marinao, pero aún no fue tratado por la legislatura.

En esa oportunidad, los legisladores pidieron una convocatoria amplia a todos los sectores políticos, sociales y sindicales para enfrentar la crisis económica y sanitaria “sin una mirada unilateral”.

Con la profundización de la crisis sanitaria y tras las protestas ocurridas en el Alto Valle el fin de semana, Martini y Marinao volvieron a insistir con que el Consejo sería “el ámbito ideal para el análisis de la situación provincial durante la pandemia, convocando a los sectores de la economía que más están sufriendo esta recesión”.

“El reclamo masivo de los vecinos en General Roca y Cipolletti demuestra que no es momento para decisiones unilaterales, sino de búsqueda de consensos y de un trabajo común con diálogo abierto a todas las partes para superar la crisis”, señalaron.

“Por el contrario, lo que vemos es que el Ejecutivo se encapsula, y al negar la participación está visto que solo consigue profundizar el problema”, advirtieron los parlamentarios.

El proyecto impulsado hace ya dos meses atrás por el FdT proponía incluir en el Consejo al titular del Ejecutivo provincial, autoridades de los ministerio de Gobierno y Comunidad, Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, Economía, Producción e Industria, un legislador por cada bloque de la Legislatura provincial, tres representantes de organizaciones sindicales con personería gremial, y cinco del sector empresario de diferentes áreas de los cuales tres deben representar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Se sumarían además tres representantes de asociaciones registradas conforme a la ley (una con objetivos en materia ambiental), dos de organizaciones de movimientos sociales, dos docentes universitarios, dos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y uno en representación de las comunidades originarias.

Sin embargo el proyecto aún espera tratamiento y transcurrido el tiempo, el Consejo no ha mostrado políticas concretas.

“Lo que observamos es que la gobernadora promueve reuniones sectoriales, invocando un Consejo Económico Productivo que aún no registra en ninguna normativa específica”, señaló María Eugenia Martini, “es un gesto totalmente abstracto cuyos resultados están a la vista”.

“La pandemia ha dejado en claro que sólo a través de la cooperación, el diálogo y la solidaridad es posible afrontar situaciones de crisis y construir acuerdos de futuro. No debemos, en tanto representantes de la ciudadanía, transitar esta dolorosa experiencia sin aprender y sin cambiar nada”, manifestó Martini sobre la necesidad de la puesta en marcha efectiva de este Consejo con una amplia convocatoria.

Marinao por su parte recordó que a nivel nacional “el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa del 1º de marzo, ratificó la necesidad de contar con un Consejo Económico y Social para el Desarrollo, reconociendo que esa iniciativa supone una autolimitación a sus facultades administrativas pero con la intención de propiciar la llegada de un aire nuevo y renovador en el que se hace necesario convocar a los sectores del trabajo, de la empresa, de los movimientos sociales y de la comunidad científica y tecnológica”.

La gobernadora Arabela Carreras anunció en mayo la creación del Consejo Económico y Productivo a través de sus redes sociales con una conformación que, entienden los legisladores “dejó afuera entre otros a las organizaciones sociales, ambientalistas, a docentes, el CONICET, a las comunidades originarias y particularmente a la oposición, como si no fuesen estos sectores políticos, sociales, productivos e intelectuales que deben ser tenidos en cuenta para sumarse al diálogo y al consenso necesarios para sobrellevar la crisis”.

“Este Consejo, cuya actividad al día de hoy desconocemos, ni siquiera articula actividades conjuntas con los Consejos Provinciales que ya existen, ni con los municipales”, concluyeron, “y lo que estamos viendo son los peores resultados”.