Esta mañana la empresa EdERSA fue notificada de una medida judicial impulsada por el Gobierno de Río Negro, desde donde se solicitó la intervención de la compañía. Ello permitirá acceder a toda la documentación financiera y contable que la distribuidora resistía entregar para clarificar la situación en torno al inminente riesgo en la continuidad de la prestación del servicio eléctrico, derivado del no pago a CAMMESA de la electricidad que distribuye a sus más de 221.000 mil usuarios.

La empresa acumula una deuda superior a los 2.800 millones de pesos por el costo de la energía, lo cual pone en riesgo la prestación del servicio público de electricidad.

El secretario de Energía de Río Negro, Sebastián Caldiero, explicó en conferencia de prensa que la solicitud de intervención se hizo en el marco de la Ley de Sociedades Comerciales y tiene una vigencia inicial de 60 días, durante los cuales se deberá confeccionar un amplio informe que permitirá a la Provincia adoptar las medidas necesarias en defensa del interés público que se encuentra en juego.

La causa tramita en el Juzgado Comercial 9 de Cipolletti cuyo titular, Dr. Federico Corsiglia, designó como Interventor Veedor para cumplir con la medida cautelar al Cr. Cristian Pedro Skou, ex Director y CEO de Expofrut SA.

La solicitud de la intervención fue requerida a partir de la negativa recurrente por parte de la concesionaria a brindar todo tipo de información sobre la pública situación de morosidad que mantiene con CAMMESA, lo cual el propio magistrado entendió que “resulta, desde donde se lo mire, inadmisible”.

El 8 de abril pasado, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que es la empresa nacional mixta que administra las operaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista, publicó en diarios de circulación masiva una solicitada donde exponía la situación de morosidad crónica de la distribuidora EdERSA. Al 19 de marzo de este año, ya la deuda ascendía a $2.874.860.877,30, superando los dos períodos de facturación, pese a haber cobrado a sus usuarios ese costo de la energía que luego no trasladó a CAMMESA. Allí también se advertía que a partir del 15 de abril podría disminuir en forma mensual un 10% de su consumo histórico, lo cual apareja un deterioro en la calidad del suministro de un servicio público.

A través del EPRE como organismo regulador del servicio público y previo a esa publicación de CAMMESA, EdERSA ha negado en forma sistemática brindar información relativa al cumplimiento de sus obligaciones contractuales cada vez que le fue solicitada. Y esa negativa se mantuvo hasta la fecha.

“Si bien EdERSA siempre ha considerado y sostenido que la deuda que mantienen con el Mercado Eléctrico es una cuestión inherente exclusivamente a su manejo comercial y, por ende, ajeno a la competencia de la Provincia de Río Negro, nosotros como poder concedente y como autoridad de contralor del contrato a través del EPRE consideramos que eso no es así. Hay razones de interés público que hacen a que la deuda con CAMMESA pueda afectar a los usuarios”, evaluó Caldiero.

A partir del informe, el funcionario adelantó que podrán adoptar medidas para que no se siga agravando la situación del endeudamiento. “Está claro que la jurisdicción es exclusivamente provincial por lo que aquí no corresponde ninguna interferencia de parte de la Nación y de CAMMESA para determinar la suficiencia o no de una tarifa eléctrica”, sostuvo.

Finalmente, Caldiero anticipó que “también es posible que del informe del veedor puedan surgir elementos que aporten herramientas u obliguen a tomar otro tipo de decisiones que tienen que ver con la relación contractual con EdERSA pero que se tramitarán por la vía administrativa correspondiente”.