La concejala Vanessa Cacho Devincenzi presentó un proyecto de ordenanza para crear el cupo de hasta el uno por ciento (1%) del total del personal de los organismos que conforman la Municipalidad para las víctimas del delito de trata y explotación laboral en sus distintas modalidades.

La iniciativa surge de su acompañamiento a este tipo de temática que en la provincia lleva adelante la delegada en Río Negro del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas, Fernanda Calfín.

Esta colaboración ya permitió la sanción en nuestra capital de la ordenanza que dispone que en todos los edificios públicos municipales se debe difundir cartelería con información relacionada con trata de personas, especialmente la vigencia de la línea 145 de atención telefónica gratuita a las víctimas.

Con la fijación de un cupo laboral para víctimas de trata y explotación, tal como las encuadra la Ley 26.364 de "Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas", modificada a su vez por la ley 26.842, Viedma se sumará a las ciudades de distintas provincias, como Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Corrientes y Mendoza, que ya sancionaron ordenanzas en esta materia.

Vanessa Cacho Devincenzi recordó que se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, lo que comprende la condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, sean trabajos o servicios forzados en área rural o urbana, o cuando se promueva, facilite o se comercialice la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos, entre otros.

Desde la sanción de la ley hasta el 30 de septiembre de 2021, se han rescatado y/o asistido un total de 16.979 víctimas en todo el país. Durante el 2021 se recibieron casi 1300 denuncias, un número que se mantiene estable con relación al año anterior. De un primer análisis surge que se asistieron a 1404 víctimas de trata,  vinculadas a la explotación sexual y delitos conexos –cerca del 33 %- en relación a la explotación laboral, que alcanzó el 67%.

Informó que el Plan Nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de personas 2020-2022, del que participan las distintas jurisdicciones, avanza hacia un acompañamiento de calidad para las personas damnificadas por el delito de trata, entre ellas, el impulso de cupos de reinserción laboral en las distintas jurisdicciones provinciales y municipales.

Concluyó que la dignidad del trabajo, la autonomía económica y el autosustento son  elementos centrales e indispensables para impedir la recurrencia voluntaria de las propias víctimas a las mismas formas de explotación de las que fueron rescatadas, frente a una sociedad que le da la espalda a su inserción.