Una norma, autoría de Barreno y Salzotto, obtuvo dictamen favorable unánime en las comisiones de Educación, Sociales y Constitucionales establece la obligatoriedad de esa formación para quienes se desempeñan en el Estado provincial.

Agentes de todos los niveles y jerarquías de los tres Poderes del Estado, organismos descentralizados y empresas públicas provinciales deberán capacitarse en Derechos Humanos para la Prevención de la Violencia Institucional, el Odio, el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia. Así se establece en la iniciativa parlamentaria que este semana avanzó con dictamen favorable unánime en las comisiones legislativas de Educación, Asuntos Sociales y Constitucionales.

El proyecto de ley, autoría de Pablo Barreno y Daniela Salzotto junto a los demás integrantes del bloque del Frente de Todos, apunta a que las personas que se desempeñan en la administración pública, sean capaces de consolidar una provincia libre de odio, comprender los abordajes de Derechos Humanos, en el marco de la política pública jurisdiccional que desarrollan y su rol como garantes de derechos, identificar las violaciones de Derechos Humanos y analizar las causas subyacentes y prevenir la violencia institucional, el odio, la discriminación, el racismo y la xenofobia, aplicando el criterio de interculturalidad.

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos, a través de su Secretaría específica como autoridad de Aplicación, deberá fijar los lineamientos generales de la Capacitación, planificar, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades, elaborar y difundir material didáctico pertinente, suscribir convenios con el IPAP, Universidades Nacionales y organismos de formación para la implementación y certificación de la Capacitación en Derechos Humanos y publicitar la ley y sus alcances en todos los organismos públicos. Por su parte, las máximas autoridades de cada organismo serán las responsables de garantizar la implementación de la Capacitación en Derechos Humanos.

“Los Derechos Humanos son una conquista de toda la humanidad e implican obligaciones a cargo del Estado y sus autoridades; dado que es éste el responsable de respetarlos, garantizarlos y satisfacerlos”, expresaron los autores.

El proyecto de ley tiene por objetivo ser una herramienta formativa para cada una de las trabajadoras y los trabajadores de los poderes del Estado, funcionarias y funcionarios para que puedan garantizar derechos y alejarse de las prácticas que puedan reproducir la vulneración de los mismos.

“En todo el mundo estamos presenciando una inquietante oleada de xenofobia, racismo e intolerancia, con un aumento hacia diferentes minorías. Se están explotando los medios sociales y otras formas de comunicación como plataformas para promover la intolerancia. Los movimientos neonazis y a favor de la supremacía blanca están avanzando, y el discurso público se está convirtiendo en un arma para cosechar ganancias políticas con una retórica incendiaria que estigmatiza y deshumaniza a las minorías, los migrantes, los refugiados, las mujeres, partidos políticos, ideologías, y todos aquellos etiquetados como los otros”, manifestó Barreno.

Por su parte, Salzotto aseguró que “el discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz. Hacer frente al discurso de odio no significa limitar la libertad de expresión ni prohibir su ejercicio, sino impedir que este tipo de discurso se degenere en algo más peligroso, como la incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia, asesinatos, que están claramente prohibidas por el derecho internacional”.