La iniciativa fue presentada este año en la Legislatura de Río Negro por el legislador Alejandro Marinao.

El legislador Alejandro Marinao, presentó un proyecto de ley que promueve la creación del "Observatorio Provincial sobre Violencia Institucional” en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Su misión será recopilar, producir, organizar y sistematizar toda la información en esta materia; el desempeño de los organismos del sistema de seguridad pública provincial y demás organismos dependientes del Estado donde se pudieran presentar hechos de violencia institucional.

“La propuesta pretende sumar un nuevo andamiaje de análisis y compromiso hacia el cumplimiento de la protección de los derechos humanos y Río Negro debe asumir el desafío de sentirse observado e interpelado no solo por el instrumento de un Observatorio sino por la sociedad civil en el cumplimiento de sus funciones”, argumentó Marinao.

“La provincia lamentablemente, no se encuentra ajena a situaciones de violencia institucional y vulneración de derechos humanos”, agregó y mencionó como ejemplo, los casos de Daniel Solano; José Parson,  Sebastián Almeyra o el más reciente de Jorge Gatica entre otros casos de torturas, desapariciones, gatillo fácil y muertes en calabozos.

El observatorio tiene entre sus funciones dar a conocer estadísticas y análisis de datos elaborados por el Registro Único Provincial de Violencia Institucional. Mientras que el Ministerio de Seguridad y Justicia es la autoridad de aplicación de la presente.

Para el legislador de la Línea Sur “la construcción de herramientas específicas que promuevan el estudio, la problematización y la intervención sobre las distintas manifestaciones de la violencia institucional se torna como una necesidad social y una apuesta política por parte de las instituciones que las promuevan”.

“El Estado debe asumir responsabilidad plena en esta temática no sólo porque es lo justo y necesario, sino también en reconocimiento a la incansable lucha de víctimas, familiares, asociaciones civiles, organismos de derechos humanos, profesionales comprometidos que han transformado el dolor en convicción y han abocado sus vidas a transformar de raíz la lógica en la que se ejerce la seguridad en la Argentina”, puntualizó en su proyecto.