La decisión unilateral del gobierno nacional, ante el vencimiento de los plazos de concesión de las represas hidroeléctricas sobre los ríos Limay y Neuquén, de otorgar exclusivamente el control de las mismas a la empresa ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) es una medida ilegitima y anticonstitucional.

Las concesiones actuales y pronto a finalizar, son anteriores a la reforma constitucional de 1994, que en su Artículo 124º establece que “corresponde a las provincias los recursos naturales existentes en su territorio”, es decir que se otorga la potestad y administración del agua a las provincias.

La Autoridad Interjurisdiccional de la Cuenca de los ríos Neuquén, Limay y Negro (AIC) fue creada el 6 de diciembre de 1985, en virtud del acuerdo suscripto por las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro y el Estado Nacional, y luego ratificado legislativamente por todas las jurisdicciones. El tratado de creación, que es diez años anteriores a la reforma constitucional de 1994, expresa que “Las Provincias detentan el dominio público, inalienable e imprescriptible respecto de los ríos que forman las cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Río Negro. Consecuentemente, corresponde a las mismas el ejercicio de la jurisdicción sobre tales recursos. Los Estados Provinciales signatarios tienen el derecho exclusivo de reglar el uso de tales recursos hídricos a través de tratados entre todos ellos”.

El debate sobre el manejo que de la generación de energía de las represas ha estado en la agenda de Rio Negro y Neuquén durante años, bajo la suposición política y legal que se abriría un debate con la Nación  en una agenda que incluya a las provincias condóminas dueñas del recurso en el manejo o comanejo de la generación energética, la discusión de una tarifa con beneficios para las provincias originarias del recurso, el canon por el uso del agua y el financiamiento para el óptimo funcionamiento de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP).

Este supuesto ha sido tirado por la borda en un claro acto de falta de federalismo, que supone a las administraciones provinciales fuera de las decisiones que les competen discutir en igualdad de condiciones y ser, además, integrantes del ente administrador.

Ha sido unánime el rechazo a esta medida del gobierno nacional por parte de los gobiernos de Rio Negro y Neuquén, como también de los gobernadores electos, algunos partidos políticos y diputados y senadores nacionales de ambas provincias.

Las decisiones de estado, no solo en el plano energético sino en el uso optimo del agua, requieren un dialogo franco y sincero para discutir el presente y futuro de los Aprovechamientos Hidroeléctricos del Comahue, en respeto a las provincias, la Constitución y las leyes provinciales vigentes, y frente a un inminente cambio de autoridades en ambos distritos provinciales y en el propio gobierno nacional.

Rio Negro no resignará el uso consagrado por la carta magna de sus recursos naturales, y si el dialogo no logra los consensos necesarios que reconozcan sus derechos, deberá defenderlos por medio de sus representantes electos y en cualquier instancia, legislativa o judicial. Así será.

*Presidente de la Unión Cívica Radical de Rio Negro