El legislador viedmense Pablo Barreno busca conocer si los certificados de obras pagados por el Superior Tribunal de Justicia se condicen con el avance real de la misma: el Frente de Todos y el Frente Grande lo acompañan en un pedido de informe dirigido al Poder Judicial.

El legislador Pablo Barreno reclamó información sobre la rescisión del contrato con la firma que llevaba adelante la construcción de la Ciudad Judicial de Cipolletti y el estado de situación de la obra desde el punto de vista presupuestario. Acompañado por los integrantes del bloque del Frente de Todos y del Frente Grande, Barreno presentó un pedido de informes dirigido al Poder Judicial con el objeto de que dé cuenta de la capacidad técnico-financiera requerida en la licitación y la presentada por la empresa adjudicataria.

"Nuestros vecinos esperan que la Justicia solucione en tiempo y forma los conflictos que dependen de su competencia, no que realicen incursiones en el rubro de la construcción. Una foto cortando una cinta no puede ser más importante que el derecho al acceso a la justicia de los rionegrinos", explicó Barreno.

El requerimiento surgió luego de que la semana pasada la Justicia Provincial difundiera que había rescindido el contrato con la UTE que tenía a cargo los trabajos aduciendo que en los últimos 12 meses la unión de las firmas Pecam y Dinale avanzó apenas el 10.5 por ciento, lo que indicaría un promedio mensual del 0.8 por ciento.

Barreno pidió conocer plazos de ejecución de obra y el presupuesto asignado y ejecutado. “Frente a la paralización de los trabajos necesitamos saber los motivos por los cuales la obra no será finalizada en tiempo y forma y por qué se decidió rescindir el contrato con la Unión Transitoria de Empresas”, sostuvo el legislador, quien además pidió que se adjunte el acta de designación de los inspectores en representación de la Provincia para el control de la obra y los informes que elaboraron con los cuales se fundamentó la determinación de cancelar el vínculo con las empresas.

El parlamentario indicó que es “imprescindible que se nos informe por qué desde el organismo tardaron aproximadamente un año en verificar que no iban a cumplir con el plazo estimado para finalizar la obra -calculado para el 27 de noviembre pŕoximo- y también de cuánto será el monto total necesario para terminarla”.

Agregó que los legisladores pretenden saber “los valores extras proyectados que insumirá la reprogramación de los trabajos y si hubo intimaciones, multas o acciones por parte del Poder Judicial previas a rescindir el contrato con la empresa”.