Legisladores, trabajadores, autoridades municipales y de comisiones de Fomento, organizaciones y dirigentes presentaron tres amparos en el fuero federal contra los despidos en la provincia y destacando el rol social del correo. El Poder Judicial mandó su inscripción como acción colectiva de clase.

El cierre inminente de sucursales del Correo Argentino en pequeños poblados de la provincia de Río Negro motorizó acciones de amparo que ya fue reconducida por la Justicia como acción de clase. Así lo confirmó la legisladora provincial Magdalena Odarda del bloque Vamos con Todos de Unión por la Patria en esa provincia.

“Hemos presentado junto a los demás legisladores del bloque tres acciones de amparo en forma simultánea, en los tres juzgados federales que existen en Río Negro en San Carlos de Bariloche, General Roca y Viedma con el fin de frenar el cierre anunciado de las sucursales de Correo Argentino en las localidades de menos de 50.000 habitantes y el consiguiente despido de los trabajadores del correo”, contó.

La presentación fue realizada junto a sus pares José Luis Berros, Luciano Delgado Sempe, Ayelen Sposito y Fabián Pilquinao, trabajadores, autoridades municipales y de comisiones de Fomento, organizaciones sociales, dirigentes políticos y sociales y vecinos en general de distintas localidades.

“Hacemos hincapié en el rol social que cumple el Correo Argentino, sobre todo en las localidades o parajes que aquí en Río Negro se llaman comisionados de fomento, donde una persona del correo de otra sucursal de alguna ciudad a 100 o 200 kilómetros por camino de tierra llega con los pagos de la asignación universal por hijo, las jubilaciones, pensiones, inclusive pensiones por discapacidad, planes sociales, entre otras prestaciones de la seguridad social que tienen carácter alimentario”, señaló Ordada.

La legisladora ponderó no solo el servicio postal que brinda el correo sino también el servicio electoral “que ninguna otra empresa privada puede prestar, este servicio se vería resentido, prácticamente eliminado en caso de que se produzca el cierre de sucursales y despido de trabajadores”, apuntó.

Odarda contó que la primera providencia en el expediente del amparo presentado en el juzgado federal de San Carlos de Barinoche ordenó la inscripción de la demanda como acción colectiva de clase.

Así fue considerado ya que se encuentran vulnerador los derechos de usuarios y consumidores, así como otro cúmulo de derechos entre los que se mencionó al derecho a la igualdad de trato, sobre todo con las personas que viven en parajes alejados de los centros urbanos en la Patagonia.

“Todas las acciones que se inicien en el país con este mismo objeto van a ser absorbidas por este juzgado federal donde se le dio trámite a la primera acción colectiva en defensa de los usuarios del Correo Argentino”, aseveró.

Asimismo, expresó que la función de esta empresa está ligada al resguardo de soberanía nacional: “Se trata de la presencia del Estado en lugares inhóspitos donde presta un rol que no puede ser reemplazado de ninguna manera por ningún privado, con fines de obtener un rédito económico”.

Pueblos condenados al exilio

Una de las mayores preocupaciones expresada por los amparistas es la situación de las personas mayores que viven en lugares de difícil acceso y que ya no podrían cobrar sus haberes provisionales. “En parajes alejados, hoy va bajo la nieve, se recibe todos los meses la visita de una persona de Correo Argentino que hace justamente los pagos, sobre todo de las jubilaciones y de las AUH, nos preocupa y enoja muchísimo porque no se tenga en cuenta a la gente más humilde, si le quitan a la persona del correo incluso su integridad física estaría en riesgo”, aseguró Odarda.

Los amparos requieren, además, medidas cautelares para que no se ejecuten los cierres de las oficinas, sucursales y servicios que presta el Correo Argentino en las ciudades anunciadas públicamente: Chichinales, Ingeniero Huergo, General Fernández Oro, Cervantes, General Godoy, Comallo, Valcheta, Chimpay, Río Colorado, Lamarque, Luis Beltrán, y Sierra Grande, en Río Negro.

Demandas

Tiempo Argentino pudo acceder a los escritos de acciones de amparo presentados en la Justicia federal. Uno de los principales requerimientos de las acciones de amparo presentadas incluyen que la Justicia “garantice la intercomunicación postal entre todos los puntos de la Provincia de Río Negro, como principio del servicio postal universal, y la protección de las fuentes de trabajo, además de la extensión de los servicios hacia lugares apartados de los grandes centros urbanos, como principio social del servicio público prestado”

La medida cautelar solicitada específicamente requiere protección concreta para las localidades de la región sur y cordillerana (Maquinchao, El Bolsón, entre otras) y “toda aquella localidad donde residan menos de 50.000 habitantes (o las que en el futuro se dispongan), hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el presente expediente”.

De acuerdo a los trascendidos periodísticos, a las denuncias públicas del sindicato SITRACO y de los vecinos afectados -que no fueron negadas por la empresa-, cerrarían al menos 16 sucursales del Correo Argentino en Río Negro, con el consiguiente despido de cientos de trabajadores.

Según consta en la acción presentada, los servicios que el Correo Argentino brinda exceden el postal, también son electorales o monetarios, y “se encuentra amenazados de desaparecer”. De modo que el cierre o vaciamiento de sucursales, aseguraron, obligarían a los ciudadanos a trasladarse cientos de kilómetros por rutas o caminos rurales -generalmente de ripio y en estado intransitable por la nieve o por las condiciones propias de esas vías de comunicación- para llegar a una sucursal a los fines del cobro de jubilaciones, pensiones, planes sociales, la Asignación Universal por Hijo, entre otras prestaciones de la seguridad social, con los costos y el tiempo que esto conlleva.

“Incluso, muchos de los habitantes que viven en estas zonas apartadas de la provincia -ya sea por falta de recursos económicos o vehículos adecuados para transitar los caminos rurales-, se verán imposibilitados de acceder a derechos humanos fundamentales de carácter alimentario que resultan esenciales para la vida de las personas y sus familias”, aseveraron en el amparo.

Si bien el principal servicio prestado por esta empresa es de correo, paquetería y logística de nuestra provincia, según los amparistas, actúa además como representante del Estado Nacional “en comunidades dispersas de la región sur de nuestro territorio, ya que garantiza la efectividad de las políticas públicas nacionales.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados envía a través del Correo Argentino, elementos de ostomía e insumos médicos”, aseguraron. También por su intermedio se garantiza que las ciudades de las zonas más alejadas puedan tramitar y acceder al documento nacional de identidad, “que se convierte en la principal herramienta de inclusión social para las y los ciudadanos”, expresaron en el escrito judicial. Asimismo, valoraron el rol imperioso del Correo durante la pandemia del COVID- 19, “ya que la empresa colaboró fuertemente con la logística para la distribución de vacunas, insumos médicos y de protección”.

Fuente: Tiempo Argentino