El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la voz unificada de las instituciones de educación superior, ha rechazado vehementemente una serie de acusaciones promovidas por instancias oficiales. Desde acusaciones de falta de auditoría hasta la supuesta invención de alumnos para aumentar fondos, las universidades han contraatacado con datos claros y contundentes.

En un comunicado oficial, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, destacó que se busca esclarecer la situación. Resaltó que las declaraciones de algunos funcionarios que critican a las universidades carecen de fundamento y actúan como tácticas antiguas que intentan desprestigiar para justificar futuras privatizaciones. Afirmó que "este desprestigio no ha logrado calar en un modelo educativo que, gracias al respaldo de las manifestaciones y el apoyo social, mantiene una aceptación espectacular".

El comunicado de las universidades argentinas, divulgado ampliamente en redes sociales y medios, denuncia falsedades claves. Una de las alegaciones más serias refiere que "es un mito que las universidades inventen estudiantes para obtener más fondos". Según el CIN, el financiamiento universitario no se basa estrictamente en la cantidad de estudiantes, sino que considera varios factores, incluidos salarios y gastos administrativos. Los datos indican que casi la mitad de los estudiantes 2024 viven bajo la línea de pobreza, desmintiendo la afirmación de que "pobres no acceden a la educación universitaria".

Ante las críticas respecto a la falta de auditorías, el CIN presentó cifras detalladas para probar lo contrario. Afirmaron que el 90% de sus gastos son salarios, absolutamente controlados y auditados. El argumento de que son las entidades del sector público más escrutadas encuentra respaldo en múltiples auditorías, tanto internas como externas, incluyendo aquellas del Congreso de la Nación.

El texto también se esfuerza en desmantelar la percepción de que los trabajadores universitarios poseen salarios superiores. Según la CIN, estos empleados han experimentado una pérdida económica aguda desde 2023, con la mayoría de los docentes y el personal no docente viviendo bajo la línea de pobreza. La pérdida de poder adquisitivo ha superado el 30% durante el último año, a pesar de datos del Banco Central y organismos oficiales que intentan apaciguar la situación.

Por último, las universidades consideran crucial aclarar que la Ley de Financiamiento Universitario no pone en riesgo el equilibrio fiscal. Destacaron que su impacto fiscal es mínimo, representando solo un 0,14% del PBI. Las casas de estudio argentinas están decididas a permanecer firmes ante las negociaciones de la semana próxima en un esfuerzo por asegurar un futuro próspero y accesible para todos sus estudiantes.