A partir de un requerimiento de la FAEVYT (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) y en el entendimiento de la severa afectación sufrida por el sector a partir de la puesta en marcha de los protocolos sanitarios relativos a la prevención y/o reducción de riesgos de propagación del coronavirus en nuestro país, la diputada nacional Lorena Matzen presentó un proyecto de ley que declara en emergencia económica y fiscal a la actividad turística por un plazo de ciento ochenta días.

Estas medidas, “innegablemente necesarias, impactan de manera directa en el rubro turístico, a partir de la prohibición de eventos de concurrencia masiva, de la invitación a reducir la movilidad interna, de la limitación de ingreso de personas provenientes del exterior, entre otros dispositivos que se están evaluando, dependiendo de la evolución de la pandemia.” dice la autora del proyecto, que espera que la Cámara entienda la necesidad de su tratamiento urgente.

La iniciativa ingresada por Matzen, que de ser aprobada resultará de aplicación en todo el territorio nacional, obliga al Poder Ejecutivo Nacional a constituir, en el plazo perentorio de quince días desde su publicación, un fondo especial para el otorgamiento de créditos a tasa cero para los empresarios del sector que acrediten haber sido perjudicados patrimonialmente por el coronavirus.

El proyecto dispone además, una evaluación del impacto que las medidas de prevención hayan ocasionado en los subsectores de la actividad y la generación de beneficios impositivos que contrarresten los daños producidos.

Asimismo, la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a instrumentar regímenes especiales de pago de las obligaciones previsionales e impositivas (AFIP y ANSES) y suspende por los 180 días que dura la emergencia, las ejecuciones fiscales en marcha contra los empresarios y prestadores del sector.

Cabe agregar que, asumiendo las acciones de responsabilidad empresaria que corresponde, a los fines de colaborar con la prevención en la propagación del virus y en defensa de la salud pública, el sector privado también ha comenzado a activar protocolos internos y a suspender eventos, congresos, concesiones y ferias.