La diputada nacional Lorena Matzen con el acompañamiento de sus pares Karina Banfi, Gustavo Menna, Gonzalo Del Cerro, Claudia Najul, Rubén Manzi, Carla Carrizo, Mario Arce,  instó al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Salud de la Nación y a la Superintendencia de Servicios de Salud, a que arbitren los medios necesarios para que las Obras Sociales, Prepagas y Hospitales Privados reconozcan y garanticen la Cobertura del sistema de salud de atención sanitaria en forma no presencial, por el periodo de tiempo que perdure la emergencia sanitaria declarada ante la pandemia del Covid-19 en todo el territorio nacional, y para todas las consultas profesionales que demuestren debidamente haber continuado con la prestación y cobertura previas a la sanción del DNU que declaró la Emergencia Sanitaria Nacional.

De esta manera, todas las prestaciones de atención sanitaria no presencial, es decir, aquella asistencia brindada por profesionales de la salud a través de todos los medios de comunicación interpersonales tecnológicos, en línea o virtuales, disponibles en la actualidad, deben ser reconocidas por la Superintendencia de Servicios de Salud para su formalización y cobertura, en tanto persista la situación de emergencia nacional.

Matzen pretende de este modo dar cobertura, entre otros, a los profesionales de la salud especializados en personas con discapacidad que hace ya más de treinta años sostienen el sistema de atención como prestadores independientes, siendo el principal insumo del sistema desde sus consultorios y/o instituciones donde ejercen como monotributistas.

“Se trata”, dice la diputada Matzen, “de aplicar el sentido común que imperó para excepcionar del Decreto de Emergencia al personal sanitario, precisamente, en vistas de la responsabilidad del Estado de brindar esos servicios esenciales. No parece coherente con esta disposición, retirar la cobertura a este segmento”.

Por vocación, responsabilidad y ética, estos profesionales dan continuidad a los procesos terapéuticos que tienen a cargo a través de herramientas virtuales, tales como llamados telefónicos, video llamadas, videoconferencias, mensajes de texto y de voz, correos electrónicos, intercambios en los grupos de WhatsApp de cada equipo tratante, de cada paciente, búsqueda de recursos personalizados para cada uno, carpetas de videos en la nube, supervisiones virtuales para sostener una práctica digna en tiempos de crisis y emergencia sanitaria. Es inaceptable que las obras sociales y prepagas no afronten el sostenimiento de dichos servicios en este momento en que el servicio sanitario es una necesidad de primer orden para la población.

La iniciativa apunta también a reducir los impactos de la crisis sobre la economía, cuánto más cuando esta afectación se genera en una decisión del propio Estado de retirar las coberturas que nos ocupan, desatendiendo así las implicancias no sólo en los niveles macro de la economía, sino también y prioritariamente, en los ingresos de los trabajadores que prestan servicios en forma autónoma.

Matzen advierte sobre “la necesidad de reducir al mínimo las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que indefectiblemente deberemos afrontar para dar la batalla contra el Covid-19.” Pero, agrega, “no son tiempos éstos para que el Estado se retire de dónde debe estar. Y en este caso, se trata de servicios esenciales que deben seguir prestándose. Es un imperativo resolver los marcos de legalidad razonable para darles continuidad y cobertura.”