La medida ya había sido propuesta por el Frente de Todos hace un año a través de un proyecto de Ley, pero el oficialismo nunca admitió su tratamiento. Los legisladores reclaman ahora retomar la iniciativa y suspender los aumentos en lo que resta de 2021.
 
El bloque del Frente de Todos reclamó que se retome la discusión sobre un proyecto ingresado al parlamento en mayo de 2020 que disponía el congelamiento hasta el 31 de diciembre de las tarifas de agua potable, cloacas y riego que presta la concesionaria ARSA en la provincia.
 
Los legisladores fundamentaron la iniciativa en el marco del paquete de medidas que el gobierno provincial anunció para contrarrestar el efecto de las restricciones a la circulación y la consecuente caída de la actividad económica y de los ingresos de muchas familias rionegrinas.
 
“El agua adquiere un rol preponderante para evitar la propagación del virus –COVID19-”, señalaba el proyecto del FdT.
 
“Por ello, y a fin de no generar aún más impacto negativo sobre los vecinos de nuestra provincia y llevar a la vez tranquilidad a los mismos, vemos la necesidad de solicitar la suspensión de aumento de tarifas”, indicaron.
 
Por decisión mayoritaria del oficialismo, el proyecto nunca llegó al recinto, lo que motivó al Frente de Todos a insistir esta semana con su tratamiento en Comisión. 
 
Hacia fines de septiembre de 2020, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) -en su rol de ente regulador-autorizó a ARSA una actualización que redundó en un incremento del 57% en las facturas de agua potable, aún en un contexto de crisis sanitaria y de congelamientos tarifarios dispuestos por el Gobierno nacional. Una decisión duramente cuestionada en su momento por la Defensora del Pueblo.
 
A través de una nota dirigida al DPA, la Defensora, Adriana Santagati, señaló que “el análisis aislado que ha motivado el aumento no tuvo en cuenta adecuadamente la realidad actual de los usuarios y las exigencias en materia de accesibilidad económica inherente al derecho humano al agua. Esa accesibilidad demanda que los aumentos sean consistentes con la capacidad de pago de los usuarios”.
 
“La aplicación de un aumento en la tarifa de un servicio público esencial, como es el agua y saneamiento, no sólo resulta inoportuno, sino directamente violatorio de los principios jurídicos que disciplinan su funcionamiento”, advirtió Santagati.
 
La Ley Provincial 5292, impulsada por el ex gobernador Weretilneck en 2018, reemplazó las audiencias públicas -ámbito de debate de costos y tarifas con participación de los usuarios– por un mecanismo de ajuste automático cuatrimestral del servicio de provisión de agua potable.
 
Precisamente, es la suspensión de esta Ley hasta el 31 de diciembre lo que viene reclamando el Frente de Todos desde hace un año
 
En este sentido, la presidenta del bloque del Frente de Todos, María Eugenia Martini, evaluó que “se comprende que pueda haber un incremento en la estructura de costos de ARSA, pero esto es algo que el gobierno provincial debió resolver con otros mecanismos que no fueran el traslado directo de un tarifazo al bolsillo de los usuarios, y menos aún tratándose de un servicio esencial”.
 
Ahora, a través de una nota dirigida al presidente de la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Fabio Rubén Sosa, el Frente de Todos, reclamó que se dé curso al tratamiento del proyecto de Ley 227, presentado en mayo de 2020, que “suspende los efectos que por aplicación de la Ley 5292 importen incrementos en las tarifas del servicio de agua potable y desagües cloacales”.
 
El texto subraya que “las razones que motivaron la presentación de este proyecto, no sólo persisten sino que se han agravado, estamos atravesando una segunda ola en un contexto de gravedad sanitaria alarmante”.
 
Y en consecuencia plantea no aplicar nuevos aumentos a la tarifa de agua potable hasta el 31 de diciembre de 2021.
 
“Otro aumento generaría una presión imposible de sostener para las y los usuarios”, concluye la presentación.
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