Se trata de una veintena de trabajadores del complejo turístico de tiempo compartido en la Península San Pedro de Bariloche. Hace 7 meses que no cobran sus sueldos. Durante los últimos días, además -pese a la vigencia de un Decreto nacional que lo prohíbe– la empresa resolvió despedirlos sin causa ni indemnización. Legisladores del FdT instaron a la Secretaría de Trabajo de la provincia a proteger los derechos de los empleados.

 Pese a las repetidas audiencias de mediación ante la Secretaria de Trabajo y las demandas judiciales iniciadas en marzo, al cabo de meses sin cobrar sus salarios, todavía no hay respuestas concretas para unos 20 trabajadores del Club Hotel DUT BARILOCHE, quienes ahora comenzaron a recibir telegramas de despido, sin causa justificada y sin percibir las indemnizaciones previstas en la Ley de Contratos de Trabajo. 

El DUT es un complejo turístico que funciona bajo la modalidad de “tiempo compartido”, es decir que los propietarios continuaron pagando expensas a pesar del cierre por la pandemia. La empresa además se acogió al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) del Gobierno nacional, por el cual el Estado se hace cargo de parte del salario de los trabajadores a modo de compensación a los empleadores y, precisamente, para evitar los despidos. 

A través de un proyecto de Comunicación, ingresado este jueves a la Legislatura, el Frente de Todos le reclamó a la secretaría de Trabajo de la provincia la urgente intervención en el conflicto para que “arbitre e implemente las medidas necesarias y conducentes para una efectiva y cabal preservación de las fuentes de trabajo en el CLUB HOTEL DUT BARILOCHE, y la inmediata restauración de la dación de empleo y pago de salarios adeudados”, señala el texto que lleva las firmas de los legisladores María Eugenia Martini y Ramón Chiocconi.

 Los legisladores recuerdan además que se encuentra vigente el Decreto de Necesidad y Urgencia 413/2021 del Gobierno nacional que prohíbe las suspensiones o despidos de trabajadores sin causa justificada durante la emergencia económica y sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19. 

Recién tras siete meses de conflicto el secretario de Estado de Trabajo de Río Negro, Jorge Stopiello, informó oficialmente el envío de una comunicación al apartado postal del hotel reconociendo la situación y expresando que “dicha medida (los despidos) se considera injusta, antojadiza e injustificada, dado que, si bien la situación es crítica, resulta falaz la idea de que el mismo no percibiera dinero de sus asociados todos los meses, en concepto de expensas y otros pagos, anexado a la ayuda económica que se proporciona desde el Gobierno Nacional”.

 Consideración mediante, la empresa continuó con un “procedimiento de crisis”, del cual no se conoce constancia judicial, y ofreció pagar solo la mitad de la indemnización a cada trabajador. 

Pese a los incumplimientos y las acciones fuera de toda norma, la secretaría de Trabajo no tomó ningún otro tipo de acción.

“Se nos ríen en la cara”, señaló Estefanía, una de las trabajadoras del hotel, “el secretario de Trabajo, Stopiello, sabe que están incumpliendo toda la normativa, que lo que hacen es ilegal y no hace nada, parece que estuviera trabajando para la patronal”, afirmó.

Para los trabajadores, “les mandan notas a un buzón que nadie lee. Hace rato que deberían haber actuado y clausurado el hotel”.

 La Comunicación del Frente de Todos dirigida al Gobierno provincial, señala que “Una veintena de trabajadores/as, aproximadamente, y sus respectivas familias, están sumidos en una situación de indignidad y miseria económica; sin percibir salarios; y con  un obscuro panorama sobre su futuro laboral, en virtud de un obrar desidioso, desconsiderado, y meramente mercantilista llevado a cabo por la parte empleadora, mostrando insensibilidad absoluta frente a la delicada situación sanitaria con incidencia directa en la situación laboral, económica y social”.

 El legislador Ramón Chiocconi consideró que “la situación es desesperante para los trabajadores, son 20 familias que quedaron sin sus ingresos sin aviso previo, en la calle, de manera totalmente arbitraria, y avasallando todos sus derechos”.

 â€œHay empleados despedidos con 30 años de trabajo, a punto de jubilarse; es una barbaridad”.

 Para la presidenta del bloque legislativo, María Eugenia Martini, “hemos estado reunidos con referentes del gremio UTEDYC y representantes de los trabajadores, y es muy grave que a pesar de haber cumplido con todos los pasos legales que corresponden, con audiencias en la Secretaria de Trabajo, mediaciones, y dos demandas en la Cámara Laboral, la gente tenga que seguir esperando una respuesta que no llega desde hace siete meses”.

 â€œMientras tanto”, concluyó la legisladora, “la empresa avanza sin importarle la normativa. Lo que estamos pidiendo es una acción inmediata y eficaz del Gobierno provincial que frene esta acción injusta e ilegal, y que defienda a los trabajadores”.