Hay una larga historia de reclamos por nuestros derechos sobre las Islas Malvinas, más allá que con el gobierno actual de Cambiemos retornó una política de  defección muy similar a la de los ’90, de “cesión de soberanía y desmalvinización, dejando de reclamar diplomáticamente ante los organismos internacionales por la soberanía de las islas”, como vienen denunciando los veteranos de guerra. Todo empezó aquel 2 de enero de 1833 cuando se presentó en el puerto Soledad un navío de guerra de bandera inglesa, la “Clio”, al mando de John James Onslow, y al día siguiente se produjo el desembarco e izamiento en un mástil de la bandera británica, arriando la nuestra. Conviene repasar la historia, algunos hechos por los cuales el archipiélago es parte de nuestro territorio, y acotar otros que tienen que ver con las idas y vueltas de Malvinas como causa nacional. 

Más allá de los argumentos de carácter geográfico, que las islas pertenezcan a la plataforma sudamericana, son centrales los fundamentos históricos y jurídicos. La historia demuestra que la sola proximidad geográfica no acuerda títulos, de lo contrario, el Canal de la Mancha sería francés y Surinam venezolana. Empecemos recordando que en 1494 las cortes española y portuguesa suscribieron el Tratado de Tordesillas, homologado por el Papa, por el cual se dividieron las tierras recién descubiertas y a descubrir mediante una línea. Dado que por esa época la autoridad pontificia era acatada por todos los reinos cristianos, desde ese momento toda navegación de otros países en dominios hispano-lusitanos sin permiso de estos respectivos países debería ser considerada una intrusión. Las Bulas Inter Caetera y Dudum si quidem le adjudicaban a España todas aquellas islas y tierras firmes, encontradas y que se encuentren, descubiertas y que se descubran hacia el occidente y el mediodía, imaginando y trazando una línea…”, que se fijaba a cien leguas de la isla septentrional de las Azores: San Antonio a 360 al Oeste de Lisboa. Las Malvinas se hallan incluidas en la zona a que aluden las Bulas citadas (1493), que en la época no fueron impugnadas. Hay discusión sobre quién descubrió las islas. Para los ingleses el descubrimiento correspondió al capitán Davies en 1592 y al pirata Hawkins en 1594. En realidad las islas habían sido descubiertas antes, en 1502, por Américo Vespucio. Como escribió Isaac Areco “por la ruta que siguió, por la latitud a la que llegó y aún por la descripción que hace de la Isla”, sin lugar a dudas Vespucio vio el archipiélago por primera vez. Después de Vespucio, en 1520, también las islas fueron vistas por la nave San Antón del capitán Esteban Gómez, de la expedición de Magallanes. “En efecto- dice Carlos Aramallo Alzereca en Historia de la Antartida- el San Antonio o San Antón, desertor de la flota de Magallanes llegó a las Islas en su viaje al Cabo de Buena Esperanza y, su capitán , don Esteban Gómez, bajó a tierra y dió noticias precisas de su posición geográfica. En el mapa de diego de Ribero, fechado en 1526, aparecen con el nombre de Sansón, próximas al continente americano y a la entrada del paso descubierto por el audaz navegante para arribar al Mar del Sur”. La propia Crónica Naval Británica de 1809 dice: “Aunque se ha atribuido a Davies el descubrimiento de las Malvinas, es muy probable que fueron vistas por Magallanes y por otros que le siguieron”. Acotamos que éstos no pueden ser sino españoles. Pero volviendo a Davies, el eventual descubrimiento tiene más dudas que certezas. Aludió a islas jamás descubiertas y a las que no bautizó con nombre alguno. Se cree que usó este “logro” para ganar méritos ante su jefe de expedición, con quien tenía conflictos por falta de lealtad e indisciplina. John Jane, quien hizo el relato del viaje acompañando la expedición, no atestigüó descubrimiento alguno. No coincide tampoco la relación tiempo-distancia entre el supuesto descubrimiento de las islas y cuando la nave alcanzó el cabo Froward. De Hawkins baste decir que hasta el comandante Chambers, de la armada británica, desautorizó el supuesto descubrimiento. Se cree que lo que vio Hawkins “fue aquella parte de la costa patagónica donde el Río Deseado desemboca en el Atlántico”, como señalaron en su libro sobre Malvinas, Camilo Hugo y Rodríguez Berrutti. Por algo Hawkins escribió que en las supuestas islas “se vieron muchas fogatas; pero no fue posible hablar con los habitantes”. Lo cierto es que antes de los viajes de estos ingleses las islas ya figuraban en los globos de Schoner de 1520 y el Mapamundi de Pietro Apiano, del mismo año, así como en la Carta Náutica de Reinel de 1523 y el mapa de Gaboto de 1562. Antes que los ingleses también la expedición del obispo de Plasencia señala la ubicación de las islas con bastante precisión y da una descripción muy exacta de las mismas, e incluso encalla en un lugar al que llama “Puerto de las Zorras” por la abundancia de un animal que no sería otro que el “warrah”, el lobo-zorro malvinense ya extinto. En el 1600 Sebald de Weert, holandés, divisa las islas. De ahí el nombre de Sebald, Sebaldes, Sebaldines, que se le aplicó a las rnismas. Y en 1604 el Tratado de Paz entre España e Inglaterra deja sin efecto lo que se hubiera podido adquirir con anterioridad a su firma, inclusive lo del pretendido descubrimiento inglés. Un siglo y medio más tarde el inglés John Strong navegó el Estrecho de San Carlos, al que denominó Falkland Sound, en honor al Primer Lord del Almirantazgo. Luego, en 1763, se produce un intento francés de colonizar furtivamente las islas, con la expedición de Luis de Bougainville que zarpa de Saint Maló. De ahí el nombre de Malouines. Los ingleses realizan una intrusión en 1765, cuando el comodoro Byron se estableció en Puerto Egmont y pretendió tomar posesión del archipiélago. España reclamó a Francia, que reconoció los derechos ibéricos y se retiró de las islas. Los ingleses permanecieron clandestinamente hasta que fueron descubiertos y expulsados por una fuerza naval española en 1770. Los ingleses exigieron la restitución de Egmont, y como España no estaba en condiciones de enfrentar a Inglaterra, Carlos III negocia devolver Puerto Egmont a cambio de una “promesa secreta” según la cual, estando a salvo su honor, Inglaterra abandonaría las Malvinas, lo cual concreta en 1774. Dice el Tratado: “El Príncipe de Masserano declara al mismo tiempo, en nombre del Rey su señor, que el compromiso de la citada Majestad Católica de restituir a su Majestad Británica la posesión del puerto y el fuerte denominado Egmont, no puede ni debe afectar de manera alguna la cuestión del derecho previo de soberanía sobre las islas Malvinas”. Y, por si fuera poco, en 1790 se firma el Tratado de Nootka Sound entre España e Inglaterra a raíz de la detención por parte de la primera potencia de dos buques ingleses en Vancouver, Canadá. Inglaterra se compromete, por los artículos 6° y 7° a no formar establecimientos en los mares de América Meridional, en las costas orientales y occidentales y de las islas adyacentes ya ocupadas, reconociendo la soberanía española sobre Carmen de Patagones, San José, Deseado y Puerto Soledad de Malvinas. España ya ocupaba sola el archipiélago desde hacía dieciséis años. La Argentina heredó los derechos españoles de acuerdo al principio “uti possidetis juris”, según el cual a las emancipadas Provincias Unidas del Sud les corresponderían los mismos límites que al extinto Virreinato del Río de la Plata. Es verdad que desde la revolución de mayo de 1810 y hasta 1820 no se ocuparon las islas. Son los años de la lucha por la independencia que obligaron a concentrar los esfuerzos en esta tarea. Recién cuando las campañas sanmartinianas alejaron algo el intento de recuperación hispánica, es cuando se pudo mirar el territorio con su integridad y pensar en Malvinas. El 6 de noviembre de 1820 se izó el Pabellón Nacional y hasta 1824 se sucedieron tres comandantes militares argentinos. En 1825 Inglaterra reconoció nuestra independencia y firmó un tratado de amistad, navegación y comercio; estaba en paz y obtenía grandes ganancias comerciales con nuestra nación. En 1828 se designa como primer comandante político y militar a Luis Vernet. El 10 de junio de 1829 se dictó un histórico decreto que decía lo siguiente: “Cuando por la gloriosa revolución del 25 de mayo de 1810 se separaron estas provincias de la dominación de la metrópolis, la España tenía una posesión material en las Islas Malvinas,y de todas las demás que rodean al Cabo de Hornos, incluso la que se conoce bajo la denominación de Tierra del Fuego, hallándose justificada aquella posesión por el derecho del primer ocupante, por el consentimiento de las principales potencias marítimas de Europa y por la adyacencia de estas islas al continente que formaba el Virreinato de Buenos Aires,de cuyo gobierno dependían…” El 8 de agosto de 1829 la cancillería británica envió una nota al representante inglés Woodbine Parish, explicando que los actos de posesión del gobierno de Buenos Aires afectaban la validez de los derechos de soberanía inglesa sobre las islas, por ser de importancia creciente como punto de apoyo para el comercio, donde se abastecían los buques, y lugar de carenado de las naves de guerra inglesa en el hemisferio occidental. El 19 de noviembre de 1829 Woodbine Parish protestó ante nuestro gobierno por el decreto de creación de la comandancia político-militar de Malvinas. Finalmente a principios de 1833 se produce la usurpación. Los británicos argumentan que al desmembrarse el Virreinato del Río de la Plata, no se puede invocar el uti possidetis para el caso de Malvinas. Pero el art. 35 de la constitución nacional señaló que el nombre “Provincias Unidas” tiene la misma validez legal que el de República Argentina. O sea, legalmente son sinónimos. En cuanto a las escisiones de Paraguay (1811); del Alto Perú (1825) y de la Banda Oriental (1828), son desprendimientos de una autoridad central, del mismo modo que lo son la República de Irlanda y el resto de las ex colonias que conforman el Commonwealth con respecto a Gran Bretaña. Si la posición argentina quedase invalidada por la escisión de Paraguay, de manera análoga quedaría invalidada la británica por la independencia irlandesa en los años 20 y por el desmembramiento del imperio británico, dado que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda técnicamente ya no existe. Además las tres provincias altoperuanas suscribieron la independencia como parte de las Provincias Unidas en el Congreso de Tucumán. Argentina en síntesis heredó los derechos españoles de acuerdo al principio “uti possidetis juris”, según el cual a las emancipadas Provincias Unidas del Sud les corresponderían los mismos límites que al extinto Virreinato del Río de la Plata, por ser su continuidad histórica y jurídica. Y las Provincias Unidas ya son la Argentina, como dice el artículo 35° de la constitución. En realidad no había discusión de quién era el dueño de las islas antes de 1833. Hasta el célebre duque de Wellington, a la sazón primer ministro, escribió un año después: “He revisado todos los papeles relativos a las Falklands. De ninguna manera encuentro claro que alguna vez hayamos sido titulares de la soberanía de dichas islas”. En 1928 el embajador británico en Buenos Aires, sir Malcolm A. Robertson señaló en una carta privada que “las reclamaciones argentinas a las islas Falkland en ninguna forma son sin fundamentos”, e insistía en otro documento que “el caso inglés no es lo suficientemente fuerte como para afrontar una controversia pública”. En 1930 se pudo leer en la página 390 de la obra The canons of international law: “Los británicos ratearon las Falkland en 1833”, y en 1936 el consejero legal de la cancillería inglesa, George Fitzmaurice, señaló: “Nuestro caso posee cierta fragilidad” y aconsejaba lo que finalmente se hizo: “Sentarse fuerte sobre las islas, evitando discutir, en una política para dejar caer el caso”. 

La mentira de la autodeterminación 

Ante la debilidad de los argumentos, en 1930 los británicos abandonan los criterios previos a 1833 y se pone énfasis en un nuevo concepto: la autodeterminación de los isleños implantados por Gran Bretaña luego de expulsar a la población argentina. El razonamiento era que no importaba quién fuese el dueño en 1833, los años transcurridos allí le concedían legitimidad a la ocupación inglesa. El “son nuestras, por eso las tomamos” se había transformado en “las tomamos, por eso son nuestras”, como observaron los autores británicos Arthur Gavshon y Desmond Rice. La Resolución 2065 de la ONU, de 1965, fue en ese sentido un triunfo para la Argentina, al pedir que se descolonicen las islas respetando los intereses de los habitantes, no los deseos. Porque hablar de intereses significa respetar las condiciones de vida, la cultura, etc., los deseos en cambio no significarían nada, porque los pobladores malvidenses desean seguir siendo británicos. Lo cierto es que la autodeterminación no es aplicable en el caso de los kelpers porque ellos no son un grupo nacional sojuzgado sino súbditos implantados por la potencia colonial. Además, los ingleses en otros casos no respetaron nunca la autodeterminación: no lo hicieron con Hong Kong, ni con la isla Banaba –donde desalojaron a 3.000 “súbditos”-, ni con la isla Diego García, que arrendaron a los Estados Unidos. 

Las idas y vueltas de la defensa de la soberanía 

Desde 1833 se han sucedido numerosas acciones por parte del país, fundamentalmente diplomáticas –si exceptuamos la recuperación, guerra y derrota de 1982-, en defensa de nuestros derechos sobre Malvinas, como parte del proceso de descolonización mundial.  Me gustaría señalar dos hechos poco conocidos pero de gran significancia sobre esta historia de mantener vigente nuestro reclamo. Una, por la negativa, y otra, por lo positiva. La primera se produjo en el gobierno de Rosas, y podría haber significado nada menos que resignar de por vida la aspiración de integrar Malvinas a nuestro territorio. Más allá de la defensa que hizo Rosas de nuestra soberanía, rechazando el bloqueo anglo-francés y la recordada Vuelta de Obligado, lo cierto es que con respecto a Malvinas, se le ocurrió vendérselas a los ingleses en la suma de 9.500.000 pesos fuertes, saldando de esa manera la deuda contraída por el país con la Baring Brothers que en esos momentos ahogaba las finanzas del país. Fue Manuel Moreno, ministro de Rosas, quien hizo la oferta ante la Cancillería británica, y aunque la transacción era sumamente ventajosa para Inglaterra, increíblemente fue rechazada. Rosas hizo una nueva oferta el 23 de diciembre de 1843, esta vez por intermedio de su ministro Arana, recibiendo de los ingleses un nuevo rechazo. ¡Por suerte! Si los ingleses hubieran aceptado la oferta de Rosas, hubiera pasado algo similar a lo que hizo Rusia con Alaska, que se la vendió a los Estados Unidos. No tendríamos ningún derecho legal para reclamar el archipiélago. El otro hecho que quiero recordar, esta vez positivo, involucra al socialista Alfredo Lorenzo Palacios. Malvinas empezó a calar hondo en la conciencia de los argentinos y se transformó en “una causa nacional” recién a partir de la década ’30, en el siglo XX. Hasta ese momento fue tema de la diplomacia argentina, pero no parte central de la cosmología política de los argentinos. Tras la caída de Yrigoyen, el primer caudillo electoral, y el comienzo de la denominada “década infame”, con un mundo golpeado por el crack de la bolsa de los Estados Unidos, época de crisis y transformación, en nuestro país “se delinearon dos filosofías del sentido común: la Argentina de la desesperanza, emblematizada en las letras de tango de Enrique Santos Discépolo, y la Argentina de la lucha, representada por tendencias político-intelectuales críticas que bregaban por una nación soberana, y a veces justa y democrática”, como escribió Rosana Guber. Un ejemplo de esta última será el surgimiento de FORJA, radicales yrigoyenistas desencantados por la “alvearización” del partido e indignados por la relación colonial con los ingleses, representada en el acuerdo Roca-Runciman. Pero fue Alfredo Lorenzo Palacios, diputado por el Partido Socialista hasta 1915 y senador nacional desde 1931, quien empujó por primera vez la toma de conciencia sobre Malvinas a una escala más amplia. Palacios presentó en 1934 un proyecto de ley para traducir del francés y difundir a la población Les Iles Malouines, de Paul Groussac, considerada el primer tratado acerca de los derechos argentinos sobre el archipiélago, y de hecho este trabajo constituyó el punto de partida de la historiografía oficial sobre Malvinas. El proyecto de ley 11.904 encomendaba a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares traducir al español y publicar Les Iles Malouines, y elaborar una versión compendiada a distribuir en el extranjero, y en escuelas y bibliotecas populares argentinas. La ley, sancionada el 26 de setiembre