Determinadas por un sesgo ideológico demasiado evidente, no sólo de Odarda, las acciones del gobierno consintieron el vandalismo y permitieron su escalada.

Finalmente, el Gobierno nacional se decidió a echar a Magdalena Odarda, una funcionaria que en buena medida de su gestión debe ser evaluada por la magnitud del daño producido.

“Su parcialidad ha sobrepasado los límites de lo tolerable”, resumió con precisión Luis Dates, propietario de Los Radales, la cabaña incendiada intencionalmente a principios de agosto en Villa Mascardi. Dates es una de las numerosas víctimas de las atrocidades cometidas en esa y otras zonas cercanas a Bariloche y El Bolsón, que han tenido al Estado nacional -y en particular a la gestión del INAI que manejaba Odarda- como cómplice.

La indulgencia estatal, incluso la cooperación, han sido inductores de impunidad para los grupos que siembran el terror bajo la declamación mapuche, y agravian a la verdadera y amplia comunidad indígena regional, sus labores, cultura y reclamos.

Pisoteando derechos, los delincuentes vandalizaron propiedades, incendiaron, saquearon, talaron árboles añosos para que se derrumbaran sobre las casas, privaron de su libertad y lastimaron a ciudadanos. Todo ante la inacción y connivencia del Estado; incluida la Justicia, que acumula desde hace años causas sin resolverlas.

El fogoneo y asistencia del gobierno nacional a la barbarie fueron notorios cuando el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquiman, usaba un vehículo oficial para trasladar gente e insumos a la toma de Villa Mascardi. Hablamos de la mano derecha de Odarda.

Odarda, lejos de asistirla, ha enfrentado “políticamente” a la mandataria. No solo eso. Tuvo la osadía de pedir a una jueza que suspenda el desalojo y restitución judicial de un lote ocupado. O de inducir a Parques Nacionales a que desista de impulsar la investigación y elevación a juicio de la usurpación del lof Lafken Winkul Mapu, del que el organismo fue víctima directa y denunciante.

Pero todo tiene un límite, y lo marcaron los gobernadores. Sólo por sus insistencias, el gobierno no tuvo más remedio que pedirle a Odarda que se vaya. El detonante fue el plan de declarar como “sitio sagrado” mapuche al volcán Lanín, pergeñado por la ahora exfuncionaria y que hasta se llevó puesto al presidente de Parques Nacionales. Una atrevida idea que atropellaba la autonomía y la Constitución de la provincia del Neuquén.

El calibre de todos estos daños que están a la vista, tal vez nos indica que ha sido tardía la exoneración, pero necesaria para considerarla un punto de inflexión en las políticas oficiales, que hasta ahora apañaron a los violentos y desguarnecieron a los ciudadanos y sus derechos.

*Diario Río Negro