La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresó su "enorme preocupación" por la llegada de agentes de fuerzas federales en una actividad que enmarcaron en la "recuperación de tierras" de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Replicamos el comunicado de la entidad:

“La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresa su enorme preocupación, tras haber tomado conocimiento del arribo de personal y pertrechos militares a la ciudad de Bariloche, por tierra y por aire, enviados por el Gobierno Nacional a fin de intervenir en el conflicto  existente en la Villa Mascardi. Ello a pedido de la gobernadora de Río Negro, instada por grupos ligados a lo que se ha dado en llamar “Consenso Bariloche”, en donde activa la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, con el fin de intervenir en la zona en conflicto, por la recuperación de tierras de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Como ya hemos reiterado, la vía de solución de este conflicto y de tantos otros existentes en nuestro país con los pueblos originarios es el diálogo, como indica el Convenio 169 de la OIT y no la criminalización de los mismos. Hacer valer los derechos garantizados en la Constitución Nacional, legislar la propiedad comunitaria, relevar seriamente las tierras (ley 26.160) y entregar las necesarias para una vida digna es una deuda del Gobierno Nacional y Provincial.

La movilización y presencia de efectivos y de pertrechos militares y el comando unificado establecido no parecen facilitar ni promover el diálogo requerido ante la emergencia, lo que podría derivar en un procedimiento represivo, de impredecibles consecuencias, como ocurriera tiempo atrás, y que terminara el 25 de noviembre de 2017 con el asesinato de Rafael Nahuel, crimen aún impune.

La política en este conflicto no puede imponerla quienes se identifican abiertamente con la ideología de la Conquista del Desierto. Creemos que deben instrumentarse mecanismos de un diálogo pacífico que lleve a una solución, evitando acciones represivas que sabemos en qué terminan, y que históricamente han sufrido los pueblos originarios y aún la padecen en todo nuestro país.

Repudiamos de la misma manera la denuncia efectuada por Patricia Bullrich, López Murphy y sus allegados en contra de los compañeros miembros del INAI, de la comunidad Buenuleo, de los integrantes de la Secretaría de Pueblos Originarios de la APDH, Felisa Curamil, Nahuel Loncoman al igual que otros refrentes como el Werken Orlando Carriqueo de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro como miembros del RAM, valiéndose para ello de la antidemocrática ley contra el terrorismo.

Es por ello que requerimos la urgente intervención de las autoridades nacionales para que por donde corresponda, se logre evitar que este grave conflicto escale y provoque consecuencias irreparables”.