Fue decisión del plenario provincial de delegados de salud que rechazó la pauta salarial impuesta por el Gobierno en la mesa de la función pública. El paro coincide con la medida nacional  impulsada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA).

La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) fundamentó sobre la medida de fuerza que la nueva rebaja salarial que el Gobierno impuso a los trabajadores en la mesa de la función pública, en conjunto con los gremios oficialistas (ATE y UPCN), “se da con una pauta salarial al 31 de diciembre del 2022 de apenas un 70% (aplicados sobre salarios de febrero con montos no acumulativos) contra una inflación proyectada de 110 % para el presente año (Fuente BCRA)”.

Indicó que el 12% restante de la pauta (completando un 82%) será abonado recién en febrero de 2023. “Incluso al percibir recién el año que viene ese porcentaje, no impactará en la segunda cuota del medio aguinaldo, lo que suma al ajuste impuesto”, aseveró.

La asociación afirmó que esto constituye una nueva caída del salario real, pérdida del poder adquisitivo y disminución de la calidad de vida de nuestras familias.

“Los salarios de los trabajadores de la salud de Río Negro quedaran 40 puntos porcentuales por debajo de la inflación al 31 de diciembre de 2022”, aseveró.

Informó que el plenario dio voto unánime a la adhesión al Paro Nacional de Salud convocado por la FESPROSA para mañana, 17 de noviembre, pues la medida sintetiza y expresa el rechazo a las políticas de ajuste que se descargan sobre el salario de los trabajadores en todo el país.

“El Gobierno de Arabela Carreras una vez más aplica como variable de ajuste de las cuentas públicas, el salario de los trabajadores de la salud que por sexto año consecutivo pierden valor”, indicó.

Enumeró además ASSPUR que “las reivindicaciones de fondo no han sido resueltas, los trabajadores de la salud seguimos sin ser convocados a discutir salarios y condiciones de trabajo”, se sufren “persecuciones y maltrato por ejercer nuestros derechos sindicales, como es el caso de los trabajadores/as del Hospital de Campo Grande” y, entre otros, “por falta de personal fruto de las políticas de ajuste en salud, se están negando licencias reglamentarias adeudadas”.