La concejala Vanesa Cacho Devicenzi, habló sobre la necesidad que la Legislatura provincial adhiera a la Ley Nacional 27372, a efectos de que las víctimas de hechos de violencia y sus familiares cuenten con el asesoramiento y acompañamiento ante el sistema judicial.

La concejal de PAR, dijo que la iniciativa fue presentada en el Deliberante y se espera la aprobación en la próxima sesión del 21 de junio, a fin de que la comunicación llegue al Parlamento provincial.

En declaraciones a Radio Nacional Viedma dijo que “este trabajo comenzó el año pasado a través de charlas que han ofrecido familiares de víctimas de delitos aquí en nuestra ciudad, hemos tomado contacto con Edith Miler, madre de Karen Álvarez, víctima de femicidio en el 2014, como referente de la Asociación de Víctimas del Delito, para que la provincia adhiera a esta ley nacional”.

“En principio nosotros trabajamos un proyecto de ordenanza que tenía que ver con el municipio se pueda adherir en aquellos artículos de la ley nacional compatibles con la Carta Orgánica Municipal, pero finalmente decidimos ante la importancia de la norma solicitar a la Legislatura la adhesión, tal como lo han hecho otras jurisdicciones”, explicó.

Informó que ya en dos oportunidades se requirió ese tratamiento en el parlamento sin que la iniciativa llegue al recinto y, actualmente, hay una nueva iniciativa que se encuentra en análisis.

Indico que la Ley 27.372 “contempla no sólo a las víctimas sino a los familiares en caso de que las víctimas mueran o no se encuentren en condiciones físicas o psíquicas de ejercer sus derechos”.

Explicitó que “por un lado crea el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) a través de la red nacional de Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) por el cual se garantiza un acompañamiento legal y material, es decir, un tratamiento inmediato, una atención a través de alimento y hospedaje en caso que sea necesario para la no revictimización”.

Vanessa Cacho Devincenzi mencionó que además crea la figura del Defensor Público de Víctimas que tiene como objetivo reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Recordó finalmente que la escucha y la atención a las víctimas está en la agenda pública desde hace muchos años y esto se ha reflejado a través  de las marchas en todo el país por el caso María Soledad y, en  Río Negro, con el doble homicidio de Sergio Sorbellini y Raquel Lagunas en 1989  y el denominado “Triple crimen de Cipolletti” y, en Viedma, con el crimen en 2008 de Atahualpa Martínez Vinaya, del que se cumplen 15 años y permanece impune,  o el femicidio de Karen Álvarez, en 2014.