Los legisladores del bloque Partido Justicialista – Nuevo Encuentro (PJ-NE) presentaron un Proyecto de Comunicación en defensa de las políticas públicas de género y diversidad que el Gobierno Nacional se empeña en abolir. Mediante esta iniciativa intentan promover la continuidad de leyes vigentes en nuestro país, cuyos resultados han demostrado mejoras en la vida de la población argentina en materia de violencias por motivos de género, ya sea económica, física, sexual y reproductiva, psicológica y simbólica.

“Sostener y profundizar la aplicación de dichas normas, garantiza la vigencia de derechos humanos conseguidos a lo largo de muchos años de movilización y construcción de vastos sectores de nuestra sociedad, y en concordancia con tratados internacionales firmados por nuestro país, a los cuales nos hemos comprometido respetar”, manifestaron en los fundamentos.

Los legisladores, Ana Marks, Daniel Belloso, Leandro García, Luis Ivancich y Pedro Dantas sostuvieron que el desmantelamiento del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; las declaraciones públicas del Presidente Milei -cargadas de violencia contra este tipo problemáticas que atraviesan a toda la ciudadanía-; los artículos de la Ley Ómnibus, rechazada en el Congreso, que modifican cuestiones sustanciales de leyes vigentes que protegen a los sectores más vulnerables de nuestro país; sumado al reciente intento por derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, generan mayor desigualdad, violencia y vulnerabilidad de las ya existentes”.

“Las leyes que La Libertad Avanza planea derogar, son leyes que procuran garantizar la equidad y que han sido elaboradas con perspectiva de género para poder combatir y erradicar las violencias por tales motivos. Derogarlas, implica derribar consensos logrados hace décadas en la vida democrática de Argentina.  Lejos de buscar libertad y defensa de la vida, resultan en mayores riesgos de muerte para mujeres, disidencias y niños; mayor pobreza  y desigualdad; y un altísimo grado de intromisión del Estado en la vida de las y los ciudadanos”, explicaron.

Agregaron que en las propuestas modificatorias que traen se observa claramente que, en nombre de “la libertad”, se establece que el Estado puede perseguir a personas gestantes, obligarlas a continuar con el embarazo y quitarles sus derechos de planificación familiar, entro otros avasallamientos”.

Los legisladores argumentaron, a su vez, que eliminar el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad, en tiempos de enorme crisis económica, favorece el aumento de la vulnerabilidad económica de estas poblaciones y hará que recrudezca la violencia por motivos de género.

“No solamente se trata de defender las leyes vigentes, sino que, además, para que puedan garantizarse derechos, es necesario dotar a estas áreas del Estado de presupuesto y personal capacitado. Al contrario de lo que declara el Presidente, es en tiempos de crisis económica cuando más hace falta fortalecer las instituciones que abordan las mencionadas problemáticas, si es que lo se busca es una mejor calidad de vida de la mayoría de la población, y no la imposición ideológica y religiosa de una minoría en el poder”, explicitaron.

“Todos los gobiernos, sin distinción de color político, deben bregar por el desarrollo humano con igualdad de oportunidades y que la convivencia democrática sólo es posible en una sociedad sin miedo y sin violencias, donde las mujeres y personas LGBTIQ+ puedan alcanzar igualdad de trato y oportunidades para vivir en libertad”, concluyen los legisladores.