El Juzgado Federal de Viedma ordenó, a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Educación de la Nación, presentar un informe en la causa de amparo que el Gobierno de Río Negro inició por incumplimiento de sus deberes de financiamiento educativo desde el pasado primero de enero.

Este reclamo se suma al de otras provincias, como es ejemplo el caso de Santa Fe, donde, tras la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID) por parte del Gobierno nacional, que adoptó la eliminación de una hora de clases. Esta hora extra, era parte del Plan 25, un programa que buscaba alcanzar las 25 horas semanales de clases.

Así ayer el Juzgado Federal de Viedma tomó la decisión de ordenar al Estado Nacional, a presentar un informe en la causa de amparo que el Gobierno de Río Negro inició a raíz del mencionado incumplimiento, que consiste en la suspensión de la remisión regular de fondos nacionales a la provincia de Río Negro, violando el derecho a la educación consagrado en la Constitución Nacional y diversas leyes.

El pasado 22 de febrero, la Fiscalía de Estado de la Provincia interpuso esta acción judicial contra el Gobierno Nacional y solicitó un pronunciamiento que ordene el cumplimiento de la normativa citada y el restablecimiento de la asistencia financiera. Además, requirió una medida cautelar urgente para restablecer el flujo de fondos mientras se resuelve la causa.

El 16 de febrero pasado, la ministra de Educación rionegrina, Patricia Campos, mandó por correo una carta documento en la que exigía al gobierno nacional el desembolso de las partidas presupuestarias educativas que le corresponden a la provincia. La intimación estaba dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Educación, Carlos Torrendell.

En la acción legal, Campos solicitó que, en un plazo de 48 horas, se realice la ejecución de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075), “la cual prevé una asignación específica de recursos coparticipables equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto”.

Tal como informaron en ese momento desde el gobierno provincial, lo mismo se exigió con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid - Ley N° 25.053), Conectividad y Material Didáctico, que “prevén la remisión de fondos a cada jurisdicción provincial y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinados específicamente a la mejora del salario de los docentes”.